La difusión del vídeo de Cifuentes será investigada por una persona cercana a Cospedal

La Agencia Española de Protección de Datos -que ha anunciado la apertura de una investigación en torno a la difusión de las imágenes de Cristina Cifuentes tras un hurto en un Eroski próximo a la Asamblea de Madrid en el año 2011- está dirigida por Mar España, quien según se encarga de recordar elindependiente.com “es afín a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal”, quien como también recuerda el medio online ha sido la más firme defensora de Cifuentes.

Indica el digital que dirige Casimiro García-Abadillo que Mar España “fue una de las personas a las que Cospedal situó en la Agencia una vez se vio descabalgada de la presidencia del gobierno de Castilla-La Mancha”

Explica que “España fue entre 2011 y 2012 secretaria General de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas en la Comunidad castellanomanchega, gobernando entonces la hoy ministra de Defensa. En 2012 dio el salto a la viceconsejería de Presidencia de la Comunidad y “llegaba a asistir a los consejos de gobierno, a pesar de no ser contado a este diario online fuentes del ejecutivo autonómico de entonces.

Estas mismas fuentes recuerdan que España “era de la total confianza de Cospedal” y que les fue “impuesto” su nombramiento tanto en la secretaría general como en la viceconsejería a los entonces responsables de ambos departamentos, Jesús Labrador y Leandro Esteban, respectivamente.

Explica el independiente que la Agencia de Protección de datos es un ente independiente con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia, según rezan sus estatutos y que no depende, por tanto, del Ministerio de Defensa al frente de cual está Cospedal pero insiste en que Cospedal influyó en el nombramiento de Mar España en julio de 2015, tras la celebración, en mayo de ese año de las elecciones autonómicas.

Hace notar el independiente.com que la Agencia decidió actuar de oficio para indagar la comisión de un supuesto delito que puede ser sancionado hasta con 300.000 euros aunque la propia Cifuentes podría haber acudido a esta entidad en defensa de sus derechos. Da la casualidad que Cospedal ha sido una de las más firmes defensoras de la ya ex presidenta de la Comunidad de Madrid.

La lectura que hace el mencionado digital es que Cospedal parece así dispuesta a intentar llegar al fondo de este asunto después de tener que sacrificar a la que era una de sus principales bazas territoriales en esa pugna por el poder interno que, de forma soterrada, libra con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, habida cuenta de que en el PP siempre han sospechado del “fuego amigo” tanto tras la filtración del máster de la Universidad Rey Juan Carlos como tras la aparición del vídeo.

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