Rodrigo Rato en su comparecencia en el Congreso de los Diputados.
Así se ha pronunciado en los primeros compases de su informe ante el tribunal en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid contra el exministro del Gobierno de José María Aznar por el presunto incremento ilícito de su patrimonio.
“Este es el juicio al revés, en opinión de esta parte. En este plenario ha regido el principio de culpabilidad. Es una presunción de culpabilidad, somos las defensas ya culpables las que tenemos que demostrar nuestra inocencia”, ha lamentado para luego añadir que el Ministerio Fiscal ha sostenido “tesis, teorías e hipótesis criminales más propias de quien redacta una denuncia que de quien tiene que acreditar una conducta típica, antijurídica y culpable”.
A juicio de Massó, las acusaciones contra Rato –está encausado por 11 delitos fiscales, blanqueo y corrupción en los negocios– se han elevado sobre “imputaciones de renta inciertas, sobre alzamientos de bienes inventados y sobre un análisis exhaustivo de toda la documentación incautada por la UCO”. “Pero, como todos sabemos, los castillos de la naipes caen fácilmente, y veremos cuántos soplidos aguanta éste”, ha añadido, según Europa Press.
Así, de inicio ha atacado que Rato fuera residente fiscal en España en su época como director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) –“no puede ser residente en España con arreglo a la normativa española”– y ha añadido que esto supone que en los años 2005, 2006 y 2007 no hubo defraudación tributaria alguna.
“Si eso es así, no habría cuota defraudada hasta julio de 2010, y por tanto no hay cuota que blanquear y, por tanto, no hay conexidad”, ha apostillado, para añadir que de esta forma “esta monstruosa acusación de 11 delitos fiscales decaería, puesto que habría que acogerse de nuevo a los plazos de prescripción lógicos de 5 años”.
Por otro lado, se ha referido a la amnistía fiscal a la que se acogió Rato en 2012, su regularización voluntaria, y ha señalado que por tanto regularizó las rentas no prescritas de acuerdo con la normativa tributaria en vigor, por lo que “esa regularización borra el delito”.
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