sánchez y Gómez
Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que la defensa envió el pasado 21 de agosto al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, después de que éste acordara imputar a Gómez un presunto delito de malversación por la contratación de Cristina Álvarez como su asesora personal en Moncloa.
“Este letrado tiene señalada, con anterioridad al señalamiento efectuado por el citado auto de 18 de agosto, declaración el día 11 de septiembre ante el Juzgado de Instrucción 1 de Arona”, precisa Camacho. Por ello, solicita que “se acuerde la suspensión de las declaraciones testificales señaladas para el próximo 11 de septiembre, acordándose en su lugar nueva fecha para su práctica”.
Al escrito de petición, la defensa adjunta el auto dictado por el juzgado canario en el que consta que está citado como letrado para unas declaraciones que se celebrarán el 11 de septiembre, a las 10.30 horas.
El pasado 18 de agosto el juez Peinado imputó a Gómez por un delito de malversación y le citó a comparecer de nuevo tras el pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Madrid, que le emplazó a centrar la investigación e instó a fijar los indicios de responsabilidad que se le podrían imputar la asesora –aunque descartó que malversación fuese uno de delitos que se le podía imputar–, recuerda la citada agencia.
La esposa de Pedro Sánchez hasta ahora figuraba como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencia, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo. Todo ello, en el marco de cuatro líneas de investigación: el presunto tráfico de influencias de Gómez a favor de Barrabés; la gestión de Gómez en la cátedra y los dos másteres que codirigía en la Complutense; la presunta apropiación indebida por parte de la esposa de Sánchez del ‘software’ de dicha cátedra; y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Gómez.
La decisión de Peinado de imputar malversación a Gómez supone un cambio de criterio respecto a lo que concluyó el pasado mayo, cuando imputó al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, un delito de malversación por la contratación de la asesora durante su etapa en Moncloa y descartó investigar a Gómez y Álvarez por dicho delito al considerar que no tenían responsabilidad en el nombramiento.
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