El pasado año se llevaron a cabo 14.730 operaciones a través del Código de Buenas Prácticas (CBP) para reestructuraciones de deuda hipotecaria, lo que supone un 2% menos que el año anterior. De esta cifra, 1.060 correspondieron a daciones en pago, un 51% menos que el año anterior.
El resto, 13.669 operaciones, correspondieron a reestructuraciones de deuda, según la información remitida al Congreso por la Comisión de Control del CBP.
Desde que entró en vigor, el Código de Buenas Prácticas (CBP) ha permitido que un total de 45.697 familias hayan podido beneficiarse de una reestructuración de su deuda hipotecaria. En los más de cinco años de vigencia del CBP se han realizado 38.595 reestructuraciones de deuda pendiente, 7.095 daciones en pago y 7 quitas.
El CBP, junto con el Fondo Social de Viviendas (FSV) y la suspensión de los lanzamientos hipotecarios, forma parte del conjunto de medidas impulsado por el Ejecutivo desde el inicio de la X Legislatura con el objetivo de hacer frente al problema de los desahucios. En total, 78.798 familias se han beneficiado de estas medidas destinadas a colectivos en riesgo de exclusión: 45.697 al CBP, el FSV ha permitido la asignación 9.062 viviendas (cierre 2016) y se han suspendido 24.039 lanzamientos a través de la moratoria hipotecaria (febrero 2017).
Según la información remitida al Congreso, se observa una reducción de las solicitudes de reestructuración de deuda a través del CBP en correlación con el impulso de la economía española. En total, en el segundo semestre de 2016 se recibieron 9.239 solicitudes frente a las 17.306 del primer semestre. De estas, se han realizado 5.223 operaciones, de las que 4.806 han sido reestructuraciones de deuda y en 417 casos, dación en pago.
Las Comunidades Autónomas que mayor número de solicitudes registraron en el último semestre del año fueron Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana. Los deudores de estas regiones son los que más uso han hecho del CBP desde 2015. El tipo de interés medio de los préstamos de las familias solicitantes se situó en el 2,13% frente al 2,98% del primer semestre de 2015 y el tramo de deuda en el que se encuentran la mayoría de los solicitantes se sitúa entre 100.000 y 150.000 euros.
El CBP se firmó en marzo de 2012 con la práctica totalidad de las entidades con actividad hipotecaria en España, hasta 93 en la actualidad. El Gobierno impulsó este Código de adhesión voluntaria pero de cumplimiento obligatorio durante dos años para las entidades firmantes.
Los deudores hipotecarios incluidos en el ámbito de protección del Real Decreto-ley son los titulares de préstamos o créditos con garantía hipotecaria, que se encuentran con dificultades sobrevenidas para hacer frente a los pagos de sus préstamos, por cuanto los miembros de su unidad familiar no tienen rentas derivadas del trabajo o actividades económicas y las cuotas a pagar superan el 50% o 40% de sus ingresos. El Real Decreto-ley prevé que puedan solicitar una reestructuración de su deuda, una reducción de la misma de modo que disminuya el importe de sus cuotas o, en último término, entregar la vivienda quedando cancelada la deuda.
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