El Partido Popular de la Comunidad de Madrid obtuvo 48 escaños en las elecciones autonómicas de 2015. Casi cinco decenas de asientos reservados para los primeros 48 nombres de la lista electoral del PP. Sin embargo, el código interno impuesto por Cristina Cifuentes – una persona, un cargo – y la corrupción ha modificado la composición del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid.
De los 48 primeros nombres de la lista electoral de Cristina Cifuentes, varios se han visto obligados a dimitir de sus cargos por presunta relación con casos de corrupción de diversa índole.
Uno de los primeros fue Borja Sarasola, número 12 de la lista electoral. Tuvo un paso breve por la Asamblea de Madrid al ser imputado en la trama Púnica en verano de 2015. Sarasola renunció al acta de diputado por una imputación que ya no existe.
Las razones de José Ignacio Echevarría Echaniz (número 14 de la lista) para dimitir en diciembre de 2015 fueron diferentes, un control de alcoholemia. Sin embargo, años después, el juez de la Púnica Eloy Velasco relacionó a Echeverría con la presunta financiación irregular del PP.
Josefa Aguado (número 39 de la lista) dimitió hace prácticamente un año como diputada del PP en la Asamblea por el ‘caso Gürtel’. Miguel Ángel Ruíz (número 41 de la lista) y Daniel Ortiz (número 42 de la lista) hicieron lo propio en cuanto el juez de la Púnica les imputó varios delitos.
Miguel Ángel Ruíz era el número dos de la Consejería de Medio Ambiente cuando ésta era responsabilidad de Jaime González Taboada (número 3 de la lista electoral). La versión oficial dice que Taboada – diputado en la Asamblea – dejó de ser consejero en una reestructuración ordinaria del Ejecutivo regional.
Sin embargo, muchos medios apuntaron a que esa decisión se debió a una presunta vinculación con la Púnica. Como informó El Confidencial, el propio sumario del caso Púnica incluye un documento titulado ‘Informe Jaime González Taboada’.
Estos seis miembros del PP dejaron sus cargos por la sombra de corrupción que acechaba sobre ellos, supuestamente. Cristina Cifuentes, por su parte, dimitió el pasado miércoles después de un mes donde la presunta falsificación del máster de la Universidad Rey Juan Carlos había minado su popularidad.
Las acusaciones de corrupción también se han volcado en otros miembros de la lista electoral del PP, aunque ello no ha supuesto ningún cambio orgánico. Por ejemplo, el Juzgado de Instrucción 2 de Alcalá de Henares quiere investigar a Bartolomé González (número 11 de la lista) por una presunta “infracción penal”.
El diputado Enrique Núñez (número 25 de la lista) está relacionado (delito societario) con el caso de Mercamadrid – donde Concepción Dancausa está imputada – y Juan Soler (número 10 en la lista) era alcalde de Getafe cuando, presuntamente, hubo amaños de contratos. De hecho, la Justicia imputó a cuatro ediles del PP.
Además de todos ellos, el nombre de Isabel González (número 22 de la lista), hermana de Ignacio González, también ha salido en varias investigaciones policiales. Eso sí, no está imputada.
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