Ignacio Gónzalez, expresidente de la Comunidad de Madrid
El juez de la Audiencia Nacional Manuel Fernando Andreu ha aceptado la personación de la Comunidad de Madrid y del Canal de Isabel II como acusación particular en el ‘caso Lezo’, que investiga una presunta trama corrupta liderada por el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.
Esto sucede después de que el pasado abril, la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, diera instrucciones para la personación del Gobierno regional conforme al criterio de la Abogacía General de la Comunidad, que puso de relieve que las irregularidades investigadas afectaban a diferentes organismos de la Administración regional.
Ahora, y en un auto fechado el pasado 18 de agosto, del que informa Europa Press, el magistrado acepta a sendas instituciones como parte del proceso judicial en calidad de acusación particular, aunque contra esta resolución, cabe recurso de reforma.
En los razonamientos jurídicos, se expone que resulta evidente que “en todo delito por el que se perjudican los intereses patrimoniales de una administración pública, esencialmente el delito de malversación, el perjuicio que se ocasiona irradia sus efectos en el conjunto de la ciudadanía a la que se le priva de recursos públicos para atender las necesidades esenciales para que tales recursos están destinados”.
Agrega que “cualquier ciudadano tiene en abstracto dicha condición de perjudicado, lo que no le otorga en este sentido jurídico estricto dicha condición”, añadiendo que en los delitos contra los intereses patrimoniales el titular último del bien jurídico protegido es “la propia sociedad”.
“Las entidades de derecho privado persiguen un fin lucrativo y los accionistas o partícipes que lo integran, lo hacen precisamente con la expectativa de obtener una ganancia”, señala.
Así, indica que estos principios se podrían aplicar a esta causa respecto a la Comunidad como “partícipe en el ente público Canal de Isabel II”, teniendo un “interés directo que le autoriza a actuar como acusación particular e instar directamente la protección de los intereses patrimoniales de los ciudadanos de Madrid”.
La Comunidad de Madrid también está personada como acusación particular en los casos Gürtel y Púnica. Desde el actual Gobierno regional han explicado en diversas ocasiones que esta estrategia de personación responde a la estrategia de “tolerancia cero” contra la corrupción y el defender los intereses de los madrileños.
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