Ana Pastor, presidenta del Congreso de los Diputados
La oposición al Gobierno de Mariano Rajoy no se da por vencida. Todos los grupos parlamentarios –salvo los populares- presentes en la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal del PP han acordado pedirle a Ana Pastor que medie para que la Audiencia Nacional les facilite toda la documentación sobre los casos de corrupción que afectan a los conservadores.
Los miembros de la Mesa y los portavoces de la comisión han facultado al presidente de este órgano de trabajo, Pedro Quevedo, que se reúna con Pastor para trasladarle el malestar que hay en la comisión. De hecho, los diputados han exigido que la presidenta del Congreso de los Diputados maniobre para conseguir que la Audiencia Nacional remita el grueso de la documentación después de que se negase hace apenas unos días.
En este sentido, tal y como ha recogido Europa Press, en el caso de que Pastor acceda a la petición de Quevedo, la presidenta de la Cámara Baja tendrá que dirigirse al máximo responsable del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. La interlocución con la judicatura debe hacerse a través del también máximo responsable del Consejo General del Poder Judicial.
Y es que el reproche de la oposición del PP no se ha quedado únicamente con la decisión de la Audiencia Nacional de no facilitar la documentación sino también por “las formas” en las que lo hizo. Según han lamentado, la comisión se enteró por la prensa de la negativa. Aun así, Quevedo, en declaraciones a la agencia de noticias, desea que Pastor convenza a los magistrados de la necesidad de la “colaboración institucional” para facilitar el trabajo en el Congreso.
Por ello, el también portavoz de Nueva Canarias ha demandado que se respete el trabajo de los diputados, así como la “dignidad” de la comisión de investigación. De esta manera, Quevedo ha apuntado que se abra un cauce “garantista” para que los comisionados puedan tener acceso a los informes que hasta ahora ha negado la Audiencia.
Además, aparte de esta petición a Ana Pastor, el órgano de trabajo ha acordado también dirigirse a los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados para que estudien la posibilidad de que la Cámara plantee un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional si la Audiencia no reconsidera su posición. Por último, los portavoces votarán en la próxima reunión la posibilidad de celebrar comparecencias a puerta cerrar para que los comparecientes puedan hablar con mayor libertad.
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