La Comisión propone un plan para luchar contra la deforestación

Las tres nuevas iniciativas incluyen medidas para frenar la deforestación, normas para facilitar los traslados de residuos dentro de la UE con el fin de promover la economía circular y hacer frente a la exportación de residuos ilegales y a los desafíos de los residuos a terceros países. La Estrategia del Suelo prevé que todos los suelos europeos sean restaurados, resistentes y estén adecuadamente protegidos para 2050.

Tan solo entre 1990 y 2020 se han perdido 420 millones de hectáreas de bosque en la tierra, una cantidad inasumible para las autoridades europeas que quieren luchar en su territorio contra ello pero también en terceros países. Para ello la norma más importante será prohibir o penalizar la importación de productos que como el cacao, el café, el aceite de palma, la soja, la carne de vacuno o la madera necesitan grandes espacios para su cultivo y obligan a la deforestación en territorios de muchos países. Para ello el Reglamento que ahora se someterá a discusión con las otras instituciones europeas establecerá normas obligatorias para las empresas que comercien con ese tipo de productos de modo que no se siga extendiendo la supresión de masa forestal en esos territorios. Uno de los casos más conocidos es el de Brasil que sigue deforestando millones de hectáreas en sus bosques.

Respecto a la economía circular la Comisión prevé introducir medidas para evitar que los residuos que se generan en el territorio comunitario vayan a parar a países que no están integrados en la OCDE, es decir los más pobres. Sólo habrá traslados si esos estados tienen capacidad para asumirlos y gestionarlos de forma sostenible. En el pasado han sido frecuentes las denuncias por la acumulación de residuos procedentes de los países más desarrollados en determinadas zonas de África que no están capacitadas para tratarlos adecuadamente.

También se prevé luchar contra el tráfico de residuos que representan hasta un 30% del total de los traslados y suman del orden de 9.500 millones de euros. Para evitarlo se propone mejorar la eficiencia y crear un grupo de control que junto a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) permita luchar contra ese tipo de prácticas. Para ello se establecerán nuevas sanciones más duras.

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