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Según señala esta comisión en un informe publicado hoy, con “una prevención y una atención sanitaria adecuada”, así como con la “atención a la que los residentes tenían igual derecho que el resto de la ciudadanía”, miles de ancianos no habrían perdido la vida en marzo y abril de 2020. “Esa falta de prevención y de atención fue consecuencia de decisiones políticas y de gestión discriminatorias” por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en lo relativo “a la asignación y organización de los recursos sanitarios disponibles”.
La comisión ha desmentido los argumentos dados por la presidenta autonómica al respecto. El último hace unas semanas, el pasado mes de febrero, cuando aseguró que aunque se hubiera trasladado a los residentes al hospital, habrían muerto igual. “Los datos oficiales del propio Gobierno madrileño (del Portal de Transparencia) demuestran que esa afirmación no es cierta”, apunta. “En marzo y abril de 2020, se produjeron 6.308 derivaciones desde las residencias a los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid: 2.305 en marzo y 4.003 en abril”, detalla, “y, en el mismo periodo, fallecieron en el hospital 2.179 residentes y sobrevivieron 4.129”. Por tanto, “salvaron su vida el 65% de los residentes trasladados al hospital en los meses de marzo y abril”.
Ante esto, señala que “parece lógico pensar que un porcentaje similar de supervivencia se habría producido entre las 7.291 personas mayores que fallecieron en las residencias de haber sido trasladados al hospital, dado que el criterio principal para no trasladarlos fue la dependencia física o el deterioro cognitivo”. Es decir, miles de ancianos y ancianas no habrían perdido la vida.
Asimismo, el citado informe defiende que en los meses de marzo y abril de 2020 se produjo una “sobremortalidad en las residencias que pudo y debió haberse evitado”. En esos meses “murieron 9.470 personas que vivían en las residencias de Madrid: 7.291 en las residencias sin atención hospitalaria y 2.179 en el hospital”. Del número total, apunta, 5.795 tenían Covid confirmado o con sintomatología compatible. Para las restantes 3.675 defunciones “no se hace referencia al COVID-19”.
Además, se pone el acento en que “los recursos sociales y sanitarios eran insuficientes” cuando se declaró la pandemia, situación que desde entonces “no se ha corregido”.
“El Gobierno de la Comunidad de Madrid restringió drásticamente las derivaciones de pacientes desde las residencias a los hospitales, utilizando criterios discriminatorios (por lugar de residencia, discapacidad física o deterioro cognitivo)”. Tal y como recoge la comisión, las derivaciones a los hospitales de pacientes que estaban en las residencias, “que se hacían con normalidad” antes del estallido de la pandemia, “se redujeron drásticamente a partir del 7 de marzo de 2020. “Ese día se inició la gestión centralizada de camas hospitalarias en la Consejería de Sanidad” y las derivaciones “bajaron de más de 100 diarias a la mitad”.
En este sentido, recuerda que la Comunidad de Madrid “elaboró, aprobó, distribuyó y aplicó cuatro protocolos sucesivos (18, 20, 24 y 25 de marzo), que confirmaban al ‘geriatra de enlace’ de los hospitales públicos como la única persona con capacidad para autorizar la derivación de pacientes desde las residencias a los hospitales”. En estos protocolos se fijaron los criterios de no derivación.
Todo esto, denuncia, “sin haber previamente medicalizado dichas residencias para ofrecer la misma atención sanitaria que hubiera recibido el paciente en un hospital”, lo que “supuso una discriminación en el derecho a la atención sanitaria y una vulneración del derecho a la vida, que con seguridad aceleró el deterioro de la salud de muchos residentes y su desenlace fatal”.
“El hecho determinante de la no derivación al hospital era encontrarse viviendo en una residencia y no disponer de un seguro privado”, critica. “Si vivía en su casa podía ir al hospital y es allí donde decidirían su ingreso o el tratamiento correspondiente. Si vivía en una residencia y tenía seguro privado, podía ir directamente desde la residencia a un hospital privado”, incide.
Para la comisión la negativa del PP y de Vox de reabrir la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid para abordar todo esto demuestra la “nula voluntad de transparencia” por parte del Gobierno de Ayuso. “Una opacidad que se reitera en la negativa constante de las autoridades de dar la información que los familiares le solicitan”, asegura. Asimismo, carga contra el Ministerio Fiscal, a quien recrimina que “no ha realizado una investigación diligente, rigurosa y efectiva, a pesar de los gravísimos hechos acontecidos en las residencias y de la gravedad de los derechos afectados”.
Dicho esto, exige que se reabra la comisión de investigación sobre la pandemia para llevar a cabo la “tarea inacabada de conocer y evaluar lo sucedido”.
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