La cogobernanza que ofrece el Gobierno permite a las CCAA pedir cambios en el estado de alarma, pero decide Illa

La «cogobernanza» que el Gobierno viene ofreciendo a las Comunidades Autónomas desde este fin de semana se traduce en la posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan hacer llegar al ministro de Sanidad, Salvador Illa, sus propuestas para la relajación o endurecimiento de las restricciones previstas en el estado de alarma en la llamada fase de desescalada, si bien la decisión última seguirá correspondiendo al ministro y dependerá de factores tales como la evolución de la epidemia en el territorio en cuestión.

Así es al menos cómo contempla el Ejecutivo el refuerzo de la toma de decisiones en coordinación con las CCAA en el acuerdo aprobado este martes por el Consejo de Ministros en el que solicita al Congreso de los Diputados una nueva prórroga (la cuarta) del estado de alarma para el periodo comprendido entre el 10 de mayo y el 23 de mayo, ambos inclusive, y al que ha tenido acceso Europa Press.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro Illa ha subrayado que la nueva prórroga solicitada al Congreso refuerza los mecanismos de cogobernanza con las CCAA, si bien no ha entrado en mayores detalles.

Sin embargo, el texto del acuerdo se limita a indicar en su apartado 4 que, en aplicación del Plan para la desescalada, «el Ministro de Sanidad, a propuesta, en su caso, de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, y a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, podrá acordar, en el ámbito de su competencia, la progresión de las medidas aplicables en un determinado ámbito territorial, sin perjuicio de las habilitaciones conferidas al resto de autoridades delegadas competentes». Y añade que se seguirá el mismo procedimiento en caso de que, en lugar de relajar medidas, se trate de endurecerlas.

El PNV, que hasta la fecha ha votado a favor de las sucesivas prórrogas y estudia si pasar a la abstención en la votación de este miércoles, ha avanzado su intención de enmendar el texto del Gobierno para mejorar el decreto del estado de alarma de tal modo que garantice la «cogobernanza, codecisión y el respeto a las competencias de cada institución», en palabras del presidente del partido, Andoni Ortuzar, que ha pedido al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, «cintura política» para negociar con su formación.

También otros partidos de la oposición como el PP y Ciudadanos, que tampoco han desvelado el sentido de su voto en esta nueva prórroga, reclaman al Gobierno que implique más a las CCAA y a la oposición en la toma de decisiones, en lugar de presentarles las decisiones una vez tomadas y solicitar que las respalden sin más.

LOS FACTORES QUE PERMITIRÁN AVANZAR EN LA DESESCALADA

En su parte expositiva, el acuerdo del Consejo de Ministros habla de los indicadores que se tendrán en cuenta a la hora de decidir si una provincia, isla u otra unidad geográfica de referencia que se acuerde puede progresar o no en la relajación de las medidas que contemplan las distintas fases previstas en el plan de desescalada.

Sin mencionarlos uno por uno, el acuerdo sí los divide en cuatro ámbitos: salud pública; movilidad; e impacto social y económico de la enfermedad. Los parámetros relacionados con la salud pública medirán la capacidad de reacción ante posibles rebrotes, y tendrán en cuenta si la asistencia sanitaria se ha reforzado, si se cuenta con un modelo «eficaz y seguro de alerta y vigilancia epidemiológica», si existe capacidad para identificar y contener con rapidez las fuentes de contagio y si se ha reforzado las medidas de protección colectiva.

En el ámbito de la movilidad, se tendrá en cuenta tanto los datos referidos a desplazamientos en el interior del país como fuera de sus fronteras, dado que la movilidad está muy vinculada a un posible aumento del riesgo de contagio, reza el acuerdo del Gobierno.

El tercer ámbito de factores guarda relación con el impacto social de la enfermedad, con las medidas adoptadas para contenerla y el proceso de desescalada en los colectivos sociales más vulnerables, mientras que el impacto económico se medirá a partir de la evaluación de la situación por sectores, «en especial aquellos con más capacidad de arrastre y los más duramente afectados por la crisis sanitaria», detalla el acuerdo.

«Del panel integral de indicadores, con los parámetros indicados, resultarán los datos que fundamentarán las decisiones que se adopten en el proceso de desescalada (…) adecuadas en cada momento a la situación epidemiológica y a la capacidad del sistema sanitario en cada ámbito geográfico relevante», resume el Gobierno.

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