La ‘cochefobia’ se extiende por Europa

En una de sus célebres declaraciones, recurriendo a un uso creativo y a una interpretación libre del lenguaje, Esperanza Aguirre acusó en su etapa de portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de la capital de España al Gobierno de Ahora Madrid de «cochófobo». Según la anterior lideresa del partido conservador en el municipio, el Gobierno municipal actuaba motivado por su fobia al coche y su Plan de Calidad del Aire era tan sólo «una excusa para prohibir circular por el centro de Madrid». Una línea que, pese a que la anterior todopoderosa ‘lideresa’ madrileña parece caída en desgracia ha sido retomada durante las últimas semanas por algunas de las principales figuras de la formación conservadora. Así, el presidente del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, atribuyó también al mismo motivo la iniciativa del Gobierno de Ada Colau de ampliar la construcción de carriles bici.

Si bien en el caso de Fernández Díaz el término utilizado fue el de «cochefobia», la creatividad a la hora de formular su crítica no vino tanto por el uso del léxico, como por la comparativa que realizó: “Pretende convertir la Barcelona del siglo XXI en la Pekín del siglo XX”, señaló en referencia a Ada Colau.

Sin embargo, las restricciones al uso de vehículos particulares son tendencia en las principales ciudades europeas. Se trata de una realidad cada vez más extendida, en la que todo apunta a que la ‘cochefobia’ ha venido para quedarse.

No hace falta irse más allá de dos o tres semanas en el tiempo para encontrar dos noticias que apuntan en esa dirección. Así, el ayuntamiento de Roma, que ya sólo dejaba pasar al centro de la ciudad a motos, ciclomotores y a vehículos de residentes y trabajadores que pagan una cuota anual, anunció que a partir de 2024, prohibirá la entrada en la ‘ciudad eterna’ a todo tipo de coches diesel.

Un plan que ha sido calificado por algunas publicaciones especializadas como «uno de los más ambiciosos entre las capitales europeas», pese a no tratarse tampoco de una medida inédita. De hecho, París ya había anunciado que prohibirá los coches de diesel en 2025.

Una medida que el Reino Unido llevará aún más lejos ya que extenderá la prohibición a toda la nación; aunque, eso sí, en su caso, de cara a 2040. Y es en este último aspecto donde hay que reconocer al Gobierno de la ciudad eterna su ambición ya que, pese a haber sido la última de las grandes capitales europeas en anunciar una medida de este tipo, se propone hacerla efectiva un año antes que otras ciudades como Atenas, Madrid o la propia París.

La otra noticia reciente que demuestra que este tipo de medidas no son ni mucho menos marginales, sino el nuevo orden que está sirviendo ya como principio vector para configurar la movilidad en las ciudades del viejo continente ha sido el fallo de la Corte Federal Contencioso-Administrativa de Leipzig, en Alemania; el tribunal supremo en materia de derecho administrativo en este país y, por tanto, su instancia de último recurso en las disputas entre particulares y el Estado.

En este caso, en respuesta a una demanda de grupos de presión medioambiental como Deutsche Umwelthilfe o Client Earth, la Corte dictaminó que las ciudades están autorizadas a prohibir los vehículos de diesel. Una decisión que se espera que afecte a 12 millones de vehículos en el país, así como a su potente industria automovilística que habrá de adaptar su producción.

Y eso que Alemania ya tiene en vigor algunas de las medidas más ambiciosas en materia de restricción de circulación en ciudades tan significativas como su capital, Stuttgart o Düsseldorf. Así, Berlín declaró en 2008 a su centro de la ciudad como «Zona Medioambiental».

Desde entonces, solo se permite la entrada a los vehículos que cumplan ciertas normas en cuanto a la emisión de gases; al igual que sucede en Stuttgart desde el 1 de marzo de 2008. Unas restricciones que se aplican durante las 24 horas en los 23 distritos de la ciudad con independencia de que los niveles de polución sean considerados altos o bajos en un momento determinado.

Pero lo más significativo de la resolución de la Corte de Leipzig no es tanto la ratificación de que este tipo de medidas están de acuerdo con su orden constitucional, como el hecho de que, según diversos analistas, será el inicio de un efecto dominó con repercusiones tanto en el propio país como en el extranjero. Así las cosas, otro tipo de medidas de control de la contaminación en lo referente al tráfico como la prohibición de vehículos que superan cierta antigüedad podrían convertirse también en norma tal y como ha hecho París que, desde el año, pasado prohibe la entrada en horario laboral a vehículos anteriores a 1997.

O los peajes para circular en el casco urbano ya característicos de Londres o de Estocolmo que aplican tasas que varían en su cuantía según el tipo de vehículo del que se trate. Una recaudación que, además, en el caso de la capital nórdica refuerza el desarrollo de un nuevo sistema de movilidad al destinarse a reforzar medidas alternativas de transporte al vehículo privado.

Acceda a la versión completa del contenido