La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se desmarca del hundimiento bursátil del Popular. El presidente del organismo supervisor de Bolsa española descarta tomar partido para poner freno a la sangría porque no se dan las circunstancias para dictar la suspensión de negociación del banco.
El máximo responsable de la CNMV se ha pronunciado así a su llegada al 7º Encuentro MAB que este jueves ha clausurado en el Palacio de la Bolsa de Madrid. Sebastián Albella ha defendido que el hecho de que no se suspenda la cotización de Popular no supone inactividad por parte del organismo, que está vigilando “con atención” las operaciones que se vienen realizando en las últimas semanas sobre el valor.
La entidad presidida por Emilio Saracho se ha dejado en la sesión de este jueves un 17,9% de su capitalización en un nuevo y abultado castigo inversor marcado por volúmenes sensiblemente gruesos. A este respecto, Albella ha señalado que “el mercado es el mercado y hay que dejarle seguir funcionando”, en alusión a que en su opinión la información facilitada por la entidad es clara y suficiente más allá de lo que los inversores puedan llegar a descontar anticipadamente.
“Estamos muy pendientes” ha incidido el presidente de la CNMV. Hace poco más de un mes, ya se pronunció en la misma línea, cuando también explicó que se iniciarían cuantas pesquisas fueran necesarias para comprobar si se había hecho uso de información privilegiada o prácticas de inversión ilegales en Abertis por la OPA que prepara la italiana Atlantia así como en Indra y OHL por sus posibles vínculos con la trama de corrupción investigada en el marco de la operación Lezo.
El banco que preside Emilio Saracho ha lanzado hoy un comunicado en el que recuerda que el Fondo Monetario Internacional (FMI) “no realiza ningún tipo de prueba de estrés individual a las entidades financieras; por lo tanto, no ha habido examen a los estados financieros de Popular, sino al sistema financiero español en su conjunto”. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con las pruebas de esfuerzo llevadas a cabo por las autoridades supervisoras (BCE), esta no cuantifica el potencial déficit de capital regulatorio frente a determinados escenarios adversos.
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