Banco Popular
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha contratado a la consultora National Economic Research Associates para que le asesore en los procedimientos arbitrales internacionales derivados del proceso de resolución del Banco Popular, según confirmaron fuentes del organismo a Europa Press.
El pasado mes de junio, la CNMV firmó un convenio con el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Economía y Empresa, el Banco de España y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para defender sus intereses en los procedimientos arbitrales internacionales impulsados por el grupo de inversores mexicanos (MIG) liderado por Antonio Del Valle.
En este contexto, el organismo decidió contratar a un asesor para la asistencia, en la parte que le corresponde, en la defensa al Reino de España en los procedimientos arbitrales internacionales derivados del proceso de resolución del Banco Popular.
Según consta en la Plataforma de Contratación Pública del Estado, la CNMV, la CNMV acaba de adjudicar dicho contrato a la compañía NERA Economic Consulting, del grupo Marsh & McLennan, con un presupuesto base de 400.000 euros y un valor estimado del contrato de 480.000 euros.
El contrato se ha tramitado como «urgente» y sin publicidad, es decir, sin la previa publicación de un anuncio de licitación, una circunstancia permitida en la Ley de Contratos del Sector Público cuando el contrato haya sido declarado secreto o reservado, cuando su ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado.
Asimismo, la CNMV ha aludido al artículo de la citada ley que permite este tipo de contratación cuando «una imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al mismo demande una pronta ejecución del contrato que no pueda lograrse mediante la aplicación de la tramitación de urgencia regulada en el artículo 119».
El grupo de inversores mexicanos afectados por la resolución de Banco Popular en junio de 2017 presentó en agosto del pasado año dos solicitudes de arbitraje internacional contra España, al considerar que la resolución de Banco Popular y posterior venta de la entidad a Banco Santander al precio de un euro incumplió las garantías y protecciones establecidas en el Tratado Bilateral de Inversión España-México (2006).
Este grupo está compuesto por 44 particulares y 10 sociedades y fondos de inversión que tenían, en términos agregados, en torno al 4% del capital del banco resuelto, por valor de unos 470 millones de euros, que buscan compensación por los daños causados por la pérdida de su inversión.
El grupo mexicano culpó al anterior Gobierno de Mariano Rajoy de la «destrucción completa» de sus inversiones al causar la resolución del Popular por «múltiples actos y omisiones antes, durante y después».
El pasado mes de junio, el MIG decidió unificar los dos arbitrajes iniciados contra el Reino de España, que ahora se integran en un único procedimiento, el llevado a cabo conforme al Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL).
Diez meses después de que se presentara esta solicitud de arbitraje contra el Reino de España, el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Economía y Empresa, suscribió un convenio con la CNMV, el Banco de España y el FROB para defender sus intereses en los procedimientos arbitrales internacionales impulsados por el grupo liderado por Antonio Del Valle.
Es en este contexto que la CNMV ha contratado los servicios de asesoramiento de NERA Economic Consulting en los procedimientos arbitrales internacionales.
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