Sede de Naturgy en Barcelona
Según informó la CNMV, la solicitud recibe su visto bueno al entender que el folleto y los demás documentos presentados, tras la documentación complementaria y las modificaciones registradas el pasado 16 de febrero, se ajustan a lo dispuesto en la normativa sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores.
El organismo presidido por Rodrigo Buenaventura indicó que la admisión a trámite de la solicitud «no supone pronunciamiento alguno sobre la resolución relativa a la autorización de la oferta, o cualquiera de sus términos y condiciones, que deberá producirse conforme a los plazos y demás requisitos previstos en el artículo 21 de la precitada norma».
La adquisición que puede resultar de la oferta está sujeta a lo previsto en el artículo 7bis de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior.
De acuerdo con el artículo 26.2 del Real Decreto 1066/2007, la CNMV no autorizará la oferta hasta que se obtenga la preceptiva autorización previa a la que se refiere dicha Ley.
Oferta de más de 5.000 millones
El pasado 5 de febrero, IFM presentó ante la CNMV la solicitud de autorización, incluido el folleto, de su oferta pública voluntaria y parcial para hacerse con hasta el 22,69% del capital social de Naturgy por unos 5.060 millones de euros.
La efectividad de la oferta está sujeta, además a recibir las correspondientes autorizaciones regulatorias y de competencia, a alcanzar un nivel mínimo de aceptación de al menos un 17% del capital social de la energética.
La CNMV dispone de un periodo de 20 días hábiles para aprobar la oferta desde la presentación. No obstante, este plazo se puede alargar en el tiempo, ya que se reiniciará cada vez que el organismo solicite información adicional.
Además, deberá contar con ese visto bueno del Consejo de Ministros a la operación, debido a la normativa de blindaje aprobada el año pasado por el Gobierno por la crisis del Covid-19, que permite al Ejecutivo vetar la compra por un inversor extranjero de más de un 10% de una empresa española de un sector estratégico.
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