22/01/2020 El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, tras la firma del acuerdo para la subida del SMI a 950 euros EUROPA ESPAÑA ECONOMIA
La decisión, anunciada este miércoles durante la asamblea general de Cepyme, supone un nuevo obstáculo para el diálogo social. Garamendi afirmó que no acudirán a una mesa donde la premisa principal “no es cierta”, en referencia a la idea de que la legislación española incumple los estándares europeos en materia de despido.
La CEOE considera que la normativa española cumple con la legislación europea y que modificarla solo generaría inseguridad jurídica
La patronal argumenta que el Tribunal Supremo ya ha validado la actual regulación del despido improcedente y que cualquier intento de aumentar las indemnizaciones vulneraría el marco legal. El presidente de la CEOE subrayó que la “seguridad jurídica es esencial” para el empleo y la inversión.
El enfrentamiento entre la patronal y el Ejecutivo se remonta a las recomendaciones del Comité Europeo de Derechos Sociales, que considera que la compensación por despido improcedente —actualmente de 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades— no tiene un efecto suficientemente disuasorio. El Gobierno, en cumplimiento de esas observaciones, convocó una mesa con sindicatos y empresarios para estudiar una reforma.
El Gobierno pretende adaptar la legislación a la Carta Social Europea, mientras la CEOE rechaza revisar un modelo que el Supremo respalda
Desde la patronal se considera que esa lectura europea está “sesgada” y que la jurisprudencia española garantiza la proporcionalidad de las indemnizaciones. Por el contrario, los sindicatos defienden que el sistema actual penaliza en exceso al trabajador despedido y que debe ajustarse a los estándares europeos.
A falta de una propuesta formal, los sindicatos plantean un incremento progresivo de la compensación, mientras el Ejecutivo estudia vincularla a la antigüedad y al tamaño de la empresa. La patronal, sin embargo, se opone frontalmente.
| Tipo de despido | Indemnización actual | Propuesta sindical (estimada) |
|---|---|---|
| Improcedente | 33 días/año (máx. 24 meses) | 45 días/año (máx. 33 meses) |
| Objetivo | 20 días/año (máx. 12 meses) | 25 días/año (máx. 18 meses) |
La salida de la CEOE de la mesa deja a los sindicatos como únicos interlocutores empresariales en una negociación clave para el equilibrio del mercado laboral. El Gobierno deberá decidir ahora si continúa con el proceso o lo aplaza hasta lograr un nuevo consenso.
La patronal advierte de que una reforma unilateral “podría ahuyentar la inversión” y debilitar la confianza de las empresas en el marco regulatorio. Los sindicatos, por su parte, sostienen que mejorar la protección del trabajador despedido es indispensable para reducir la precariedad y cumplir los compromisos con la Unión Europea.
La ruptura de la CEOE llega en un momento en el que el Ejecutivo busca acuerdos amplios en materia laboral. El Gobierno confía en reconducir el diálogo, pero la posición de Garamendi marca distancia respecto a un Ministerio de Trabajo decidido a revisar el coste del despido.
La falta de consenso podría dejar en suspenso una de las reformas más esperadas de la legislatura y abrir un nuevo frente en la relación entre empresarios, sindicatos y Gobierno.
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