Cuando un menor es tutelado legalmente en España durante más de dos años y carece de una nacionalidad reconocida tiene derecho a que se le otorgue la nacionalidad española. Eso es lo que asegura al menos la legislación española, a pesar de que la realidad la contradice. En estos momentos, siete menores de entre 7 y 15 años nacidos en España, en situación de acogida, no poseen la nacionalidad española ante la “dejadez” de los funcionarios.
Estos siete menores viven en cinco familias diferentes. La historia de cada uno de ellos es tan conmovedora como “absurda” en ciertos momentos, tal y como asegura Carmen Parra, madre (no biológica) de uno de esos menores. En declaraciones que fueron compartidas por varios medios, Parra lamentaba cómo tienen que demostrar “una y otra vez” que los niños han nacido en España y que, además, residen en España.
Son menores que llevan residiendo en España desde que nacieron. Con meses o pocos años fueron dados en acogida ante la imposibilidad de los progenitores biológicos – extranjeros – de poder otorgarles una vida digna. Desde entonces, papeles y más papeles para cualquier tramitación.
“Situaciones tan cotidianas como entregar un papel para una guardería o un colegio, solicitar la cartilla sanitaria, federarse para poder jugar al fútbol con sus compañeros o viajar al extranjero (o incluso a las islas españolas), se convierten en nuestro caso en un verdadero batallón de preguntas”, relata Carmen Parra en una petición en Change.org que ya ha alcanzado las 120.000 firmas.
Al no poseer la nacionalidad, tampoco la de sus progenitores biológicos, el DNI les indica “nacionalidad: país desconocido”. Por tanto, cualquier trámite se convierte en una quimera burocrática tan solo comparable a la de las doce pruebas de Astérix y Obélix.
Esa es la razón por la que estas cinco familias entregarán este martes al Ministerio de Justicia y a la Comunidad de Madrid más de 100.000 firmas con el objetivo de que estas instituciones “reconozcan legalmente como españoles a nuestros hijos de acogida, nacidos en España”.
En 2015, la Comunidad de Madrid (que es quien tiene su tutela legal) presentó los expedientes para solicitar la nacionalidad en el Registro Civil correspondiente. Los expedientes salieron entonces hacia el Ministerio de Justicia pero ahora, un año y medio después, se desconoce en qué situación están esos expedientes “ni por qué la Comunidad de Madrid no es capaz de averiguarlo”.
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