La mitad de la ciudadanía española no tiene ni un nivel básico de competencias digitales, la misma proporción que en 2016.
UGT ha analizado el capital humano del desarrollo digital en España y los resultados no son nada alentadores, ya que el sindicato avisa de que las personas no están en el centro de esta transformación y denuncia la exclusión y discriminación de género que se está produciendo. Las cifras que facilita el sindicato son contundentes: la mitad de la ciudadanía española no tiene ni un nivel básico de competencias digitales, el porcentaje de empleo tecnológico nos coloca a la cola de Europa y solo un 1% del empleo femenino se reserva a mujeres especializadas en digitalización. Por ello, la organización sindical reclama un Plan Nacional de Inclusión Tecnológica. Su objetivo: “Poner en el centro de la digitalización a todas las personas, sin dejar a nadie atrás”.
La Unión General de Trabajadores considera que el desarrollo tecnológico y digital de nuestro país sigue lastrado en su aspecto social, ya que mientras la evolución en términos puramente tecnológicos, como conectividad e infraestructuras digitales, es más que aceptable (líderes en banda ancha ultrarrápida, octavo puesto en preparación para el 5G) o la implantación de los servicios públicos digitales está entre lo mejor del continente (segundo puesto en sistemas de datos abiertos), todas las métricas relacionadas con las personas y la ciudadanía son francamente negativas.”
UGT critican las personas no estén en el centro de este desarrollo digital. E informa que el indicador digital europeo del año 2019 (el denominado Índice de la Economía y la Sociedad Digitales, DESI) vuelve a poner de manifiesto el retraso de España en términos de digitalización social. “Así, la dimensión relacionada con el Capital Humano es claramente la más retrasada de toda la transformación digital, muy por debajo de la media y demostrando una parálisis inaudita. En los últimos tres años no se detecta ninguna mejora al respecto.
Las cifras que presenta el DESI son extremadamente desoladoras, en opinión de UGT que destaca que “la mitad de los españoles no posee competencias digitales básicas y solo 1 de cada 3 ciudadanos acredita capacidades digitales por encima del nivel básico”, unos datos que demuestran, en opinión del sindicato que nuestra alfabetización digital es insuficiente para las necesidades sociales y laborales que requiere el siglo XXI.
Esta situación, que abarca al total de la ciudadanía, tiene su reflejo tanto en el mercado de trabajo como en los estudios académicos. Nuestra producción de titulados superiores en carreras relacionadas con las TIC es cada vez más baja y nos sitúa a la cola de Europa: puesto 14 de 28. Pero cuando nuestros jóvenes se enfrentan al mercado laboral, no encuentran puestos de trabajo acordes con sus conocimientos tecnológicos: menos de un 3% del empleo nacional se dedica a especialidades relacionadas con el universo digital. Cifra que además se comprime año tras año, lo que nos lleva a situarnos un punto porcentual por debajo de la media europea.
El sindicato manifiesta que también se consolida la discriminación de género en el empleo TIC: solo un 1% del empleo femenino español se reserva a mujeres especializadas en digitalización, lo que es “una muestra más del retraso tecnológico, social y de género que sufre nuestra economía”. Que es solo un aspecto más de la exclusión digital de una gran parte de la ciudadanía, como se demuestra el hecho de que “todavía un 13% de la población española -4,4 millones de españoles- nunca ha utilizado Internet., un elevadísimo porcentaje nos coloca en el furgón de cola europeo en inclusión digital.
El sindicato señala culpables de esta situación y cree que esto se debe a la ‘parálisis legislativa y política que vive nuestra economía y se queja de que “elos últimos tres años no se ha aprobado ni una solo medida que busque paliar esta lacra social”.
Para paliar esta desigualdad digital, que considera establece nuevos desequilibrios sociales, UGT exige a todos los partidos políticos, y a todas las instituciones públicas y privadas, la puesta en marcha de un Plan Nacional de Inclusión Tecnológica.
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