La banca se ‘enfanga’ en la Justicia a la espera de la nueva ley hipotecaria

Las cláusulas suelo, las hipotecas multidivisa, los gastos hipotecarios y ahora también los impuestos en la firma de los contratos. Los bancos siguen acumulando quebraderos de cabeza en los tribunales a la espera de una nueva ley hipotecaria que lleva ya casi dos años y medio de retraso.

Antes del 21 de marzo de 2016 debería haber entrado en vigor una Ley Hipotecaria que transpusiera la directiva europea que, entre otras cosas, aumentase la protección de los consumidores. Pero su aprobación se ha visto entorpecida por el tumultuoso escenario político; primero las dificultades de formar gobierno; después, la repetición de las elecciones generales; y, tras la moción de censura, la dificultad de aunar puntos de vista en un tema tan sensible -y con tantos intereses contrapuestos- como es el de la vivienda.

De hecho, desde noviembre de 2017 pende sobre España la amenaza de una multa de 105.000 euros diarios, que podría hacerse efectiva si no se aprueba el texto antes de finales de este año.

Lo cierto es que desde la fecha en la que se debería haber aprobado la nueva normativa, la banca no ha dejado de recibir reveses en los tribunales por las condiciones de los contratos hipotecarios. Quizás el más fuerte de todos el de las polémicas cláusulas suelo: en diciembre de 2016 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) enmendaba la plana al Tribunal Supremo español y señalaba que los bancos debían devolver todo el dinero que los clientes habían abonado de más por estas polémicas cláusulas.

La doctrina del Supremo había sido hasta entonces que sólo se pagasen con una fecha límite del 9 de mayo de 2013.

Un cambio de rumbo que recuerda al vivido recientemente con el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), el que se paga en el momento de firmar una hipoteca, si bien en este caso el salto mortal podría ser triple. En un primer momento el Tribunal Supremo confirmaba que eran los clientes los que debían pagar este gravamen, pero esta semana decidía por sorpresa corregir su doctrina apuntando que eran los bancos los que debían abonarlo.

La respuesta de los mercados no se hizo esperar, con un desplome en Bolsa de los principales bancos cotizados y un baile de cifras sobre el impacto total que podría tener. Sin embargo, un día después el alto tribunal decidía poner en la nevera la aplicación de esta sentencia debido a que “supone un giro radical en el criterio jurisprudencial hasta ahora sustentado y habida cuenta, asimismo, de su enorme repercusión económica y social”.

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