Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu
El documento de la AVT, consultado por Europa Press, analiza 26 sentencias -una fue absolutoria– en las que o no se fijó inhabilitación o está ya cumplida. Otras tres sentencias fueron impuestas por tribunales franceses, sin que tampoco se fijara esta pena.
También hay un caso en el que no consta sentencia y otras 14 en las que no se ha podido localizar el fallo judicial, aunque esta asociación de víctimas considera que es «muy improbable» que perdure la inhabilitación al ser condenas bajas.
Del análisis de las sentencias se constata que la mayoría de los condenados con inhabilitación especial pertenecen a las organizaciones que formaron parte del entorno etarra, aunque ya la tienen cumplidas. Es el caso de María Teresa Díaz de Heredia, que fue dirigente de Gestoras Pro-Amnistía; Gorka Bertolaza, de SEGI; Hasier Arraiz o Egoitz Apaolaza, entre los condenados por formar parte de Batasuna; o María Teresa Toda Iglesia, subdirectora de EGIN, entre otros.
«Aunque nos repugne, pueden presentar estas candidaturas», apunta la abogada de la AVT Carmen Ladrón de Guevara en una entrevista en Cope en la que analizó que no era posible evitar la presencia de etarras en las listas del 28M recurriendo para ello a la Ley de Partidos o a la Ley Electoral.
El motivo es que no existe una organización terrorista en activo y, además, las inhabilitaciones -como le ocurrió en el pasado a Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu– habrían cumplido ya para los 44 candidatos.
La AVT lo que reprocha al Gobierno, como viene haciendo esta legislatura con la política de acercamientos de presos de ETA, es que mantenga como «socio preferente» a EH Bildu y que, por tanto, «gobierne con un partido que lleva a asesinos en sus listas».
Covite denunció el martes la inclusión en las listas de condenados por pertenecer a ETA y este viernes la Fiscalía de la Audiencia Nacional informó de que estudiará la posibilidad de investigar a los 44 candidatos tras recibir una denuncia interpuesta por la Asociación Dignidad y Justicia para comprobar si las candidaturas son válidas.
«Hay cosas que pueden ser legales pero no son decentes y esta es una de ellas», señaló ayer desde la Casa Blanca el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a preguntas de la prensa.
Coincidiendo con el inicio de la campaña para las elecciones municipales y locales, el PP, Vox y otras formaciones han reprochado al Ejecutivo que mantenga a Bildu como socio parlamentario. La formación de Santiago Abascal, además, ha anunciado una iniciativa parlamentaria para instar a su ilegalización.
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