El Consistorio liderado por Manuela Carmena ha constatado lo que, de alguna manera, se sabía: los gobiernos municipales de Ana Botella y Alberto Ruíz-Gallardón dispararon la deuda, realizaron inversiones “sin justificar” y tuvieron un afán privatizador que adelgazó el patrimonio de los madrileños.
El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha presentado esta mañana el informe de la Auditoría municipal Ciudadana, una herramienta aprobada en 2015 con la que el actual Consistorio pretende auditar las políticas llevadas a cabo en el ayuntamiento desde el año 2003 y 2015.
Las conclusiones no son todavía más que indicios preliminares, pero ya apuntan a una misma dirección. La gestión de Alberto Ruíz Gallardón (2003-2011) y Ana Botella (2011-2015) llenó de deudas al Ayuntamiento de Madrid por culpa de inversiones “sin justificar”, “subcontrataciones inadecuadas” y una “aparente falta de control y transparencia”. Entre 2002 y 2012, la deuda municipal pasó de poco más de 1.000 millones de euros a 7.732,
Entre los hechos que se especifican, se señala un más que probable sobredimensionamiento de plantillas, especialmente en lo que a cargos directivos se refiere. Además, el informe recuerda obras faraónicas que obtuvieron sobrecostes por encima del 100% de lo presupuestado, como la Caja Mágica, el Centro Acuático Olímpico o el Palacio de Cibeles, actual sede del Ayuntamiento.
El informe, de 45 páginas, revela cómo Ana Botella y su antecesor en el cargo, Ruíz-Gallardón, tuvieron como «línea estratégica de acción» los «procesos de externalización», reduciendo el patrimonio y los servicios públicos de los madrileños.
El mejor ejemplo de ello es lo sucedido con la vivienda social municipal y su venta a fondos buitre. Entre 2012 y 2013, con Botella en el cargo, el Ayuntamiento decidió vender el 25% de la vivienda para fines sociales.
Con la constitución de las mesas y la presentación del primer informe se avanza en la segunda fase del proceso.
La realización de estudios concretos, y especializados, el trabajo interno en los ámbitos financiero y presupuestario, entrevistas a agentes estratégicos y significativos dentro de los ámbitos de estudio, formación de grupos de discusión de las distintas temáticas forman parte de las actuaciones previstas.
Finalmente, todo ello debe llevar a elaborar una serie de conclusiones y recomendaciones, previstas para comienzos de 2019, que permitan «mejorar la forma de hacer política del Ayuntamiento» y minimizar en la medida de lo posible la generación de impactos negativos en el desarrollo de las políticas municipales.
El objetivo es que el proceso de Auditoría Ciudadana se instale de forma permanente en el funcionamiento del Ayuntamiento, de forma que no solo las intervenciones municipales pasadas sino también las presentes y futuras garanticen someterse a criterios de transparencia y control ciudadano.
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