Audiencia Nacional
Según ha adelantado ‘El Periódico de España’ y han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas, la titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 ha facilitado a los imputados un número de cuenta para devolver el importe, cuya finalidad debe ser garantizar la existencia de fondos para la actividad de las plantas.
Las mismas fuentes han señalado que, en una vista, algunos de los imputados habrían ofrecido devolver 10 de los 13 millones de euros en poco tiempo con la condición de que Grupo Industrial Riesgo continuase manteniendo la administración de las dos plantas dedicadas a la producción de aluminio.
Esos 13 millones tienen su origen en la adquisición de sendas plantas por parte de Grupo Industrial Riesgo a Parter Group. Al no contar con financiación para afrontar la operación, las plantas prestaron ese importe, el mismo que la jueza reclama ahora.
Estas pesquisas tienen lugar dentro de la causa investigada en la Audiencia Nacional después de que Tardón admitiese el pasado mes de diciembre la querella presentada por la Confederación de Cuadros Profesionales contra un total de diez personas físicas y nueve jurídicas en relación con el proceso de venta de las plantas de la empresa Alcoa.
El pasado mes de marzo una operación en la que ser registraron una decena de inmuebles en relación a la presunta despatrimonialización fraudulenta de las plantas se saldó con la detención de varios ejecutivos del grupo. Entre ellos el administrador único del Grupo Industrial Riesgo, Diego Peris, un ejecutivo administrador único de System Capital –mercantil que administraba Alu Ibérica AVL SL (la planta de Avilés)–, el presidente del grupo, Víctor Rubén Domenech y una socia de System Cap.
Por otro lado, la jueza de la Audiencia Nacional también trata de dilucidar si los imputados, los últimos propietarios de las plantas de producción de aluminio, vaciaron la caja mediante la adquisición de bitcoins después de que los investigadores localizasen transacciones de la moneda virtual en varias cuentas bancarias.
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