Javier López Madrid, consejero de OHL, en el Congreso.
Los magistrados de la Sección 15 han considerado que hay indicios suficientes para juzgar a ambos acusados no solo por delitos de lesiones, sino también como coactores de delitos de coacciones y amenazas. Así, han acordado desestimar el recurso que presentó la defensa de López Madrid contra el auto que la juez María Sánchez Hernández firmó en junio del año pasado.
Pinto denunció al empresario por acoso y posteriormente amplió su querella con el delito de agresión en relación con el apuñalamiento que había sufrido en abril de 2014, cuando bajaba de su vehículo acompañada de uno de sus hijos, de 10 años. En 2017, la doctora reconoció a Villarejo como autor de aquella agresión, que habría realizado por encargo de López Madrid, según la conclusión de la juez.
La Fiscalía aseguró que en este caso «existen indicios» que acreditarían que el empresario «se habría concertado» con el comisario para «hostigar» a la doctora Pinto e «impedir» que le denunciase. Incidió en que una vez que la mujer interpuso denuncia por un supuesto acoso los investigados pusieron «todos los resorte policiales necesarios para desacreditar a la denunciante».
El Ministerio Público insistió en que -tras los resultados de la investigación– «se ha venido corroborando que la actividad delictiva desarrollada por José Manuel Villarejo, guiada por la satisfacción inmediata y sin escrúpulos de un afán personal de lucro, no puede ser considerada como ocasional o puramente individual». Pide 13 años de prisión para cada uno.
López Madrid presentó recurso contra la decisión de la juez de ampliar la lista de delitos por los que se le juzgaría. Alegó que no existen indicios suficientes de su participación en los hechos, ni relativa a las lesiones ni a los contactos con Villarejo, por lo que pidió el archivo de la causa. Además, aseguró que se había obviado información que, a su juicio, le beneficia.
La Fiscalía mostró su oposición a los argumentos planteados por el empresario y solicitó a la Audiencia Provincial que desestimara su recurso. Los magistrados han coincidido y han explicado que la decisión de ampliar los delitos por los que se le juzgarán no vulnera ningún derecho fundamental.
En un auto de 7 de junio, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección 15 ha considerado que la petición del empresario «carece de sustento» y ha subrayado que la ampliación de los delitos responden a la incorporación a la causa de los testimonios procedentes de la Audiencia Nacional, «de donde se desprenden indicios de la connivencia entre ambos investigados y concretamente del recurrente, Javier López Madrid, con el autor de las lesiones Sr. Villarejo, a través de las conversaciones telefónicas entre ambos».
Así las cosas, ha precisado que todas las alegaciones que realiza López Madrid para pedir el archivo «no pueden acogerse en este momento procesal», sin que ello le impida vertebrar su estrategia de defensa de cara a un juicio en el que podrá «hacer valer todos los informes emitidos por diversos miembros de la Policía (cuya fiabilidad en algunos casos está empañada)» para sustentar su tesis de que «todo es un entramado falsario de la propia víctima».
En nueve folios, el tribunal ha subrayado que la investigación ya está «concluida», que los hechos y sus autores ya están delimitados y que la juez a cargo de la investigación ya emitió su calificación jurídica, por lo que lo pertinente es confirmar que el procedimiento se dirige contra López Madrid y Villarejo «como presuntos autores ambos de los delitos de amenazas, coacciones y lesiones con instrumento peligroso».
En el marco del auto, los magistrados han destacado, sin embargo, que este caso es «la máxima expresión del uso abusivo del Derecho por las partes de un proceso para fines espurios».
Así, han reprochado la actuación tanto la acusación particular como la defensa de los acusados, «quienes rebasando la defensa de sus intereses han desplegado todo un escenario circunstancial que ha ralentizado el procedimiento penal hasta límites cuasi fraudulentos».
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