Asamblea de Madrid
La Asamblea de Madrid investigará las irregularidades detectadas en los estudios de políticos como Cristina Cifuentes, Pablo Casado o Carmen Montón. PSOE y Podemos han apoyado la propuesta de Ciudadanos para constituir una comisión que determine, en el caso que se dé, las “responsabilidades políticas” por estos escándalos.
En la previa de la votación, Ciudadanos y PSOE no parecían llegar a un acuerdo sobre el objeto a investigar. Mientras la formación naranja quería ampliar el trabajo a todas las titulaciones; los socialistas hablaban de ceñirse al Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).
Finalmente, el pacto ha llegado: la comisión seguirá las posibles irregularidades del Instituto de Derecho Público y los posibles casos de obtención irregular de títulos académicos oficiales en las universidades públicas de Madrid. Se ha estimado que los trabajos empiecen en el próximo mes de octubre.
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A pesar de este acuerdo, la Asamblea de Madrid no seguirá el rastro del máster del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al haberlo obtenido en una universidad privada. Esta excepción ha servido para que el PP acuse a Ciudadanos de ser el “perrito faldero del PSOE”.
Según ha celebrado Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos, este órgano puede servir para empezar “a limpiar” la imagen de la universidad pública. Sin embargo, ha avanzado que van a pasar por la comisión todos aquellos que “puedan ayudar a esclarecer meses de escándalos y desprestigio y descrédito de la Universidad pública”.
En este sentido, el líder de la formación naranja en el Parlamento madrileño ha recordado que seguramente Cristina Cifuentes tenga “muchas cosas” en la comisión. Aun así, no ha adelantado si la expresidenta será llamada a declarar: “Queremos que desfilen personas que sean conocedoras de los sucedido y veremos si son responsables políticos o no”.
https://twitter.com/ignacioaguado/status/1042744267716878337?ref_src=twsrc%5Etfw
Por su parte, el portavoz del PP, Enrique Ossorio, ha avanzado que darán batalla para impedir, “con todos sus medios”, que esta comisión “ilegal” salga adelante.
Según el conservador, los letrados del Congreso de los Diputados ya se han opuesto a este tipo de comisiones porque existe el principio constitucional de autonomía universitaria que impide comparecer a los rectores de las universidades.
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