El conflicto abierto entre el PP y la oposición por la interpretación del último auto del juez del ‘caso Lezo’ sobre las actas ha obligado a alterar la comparecencia de Cristina Cifuentes ante la comisión de corrupción. La Mesa de la Comisión de Investigación sobre Corrupción en la Comunidad de Madrid ha decidido por unanimidad aplazar la declaración de la presidenta madrileña de este viernes 2 de febrero ante las dudas suscitadas.
La decisión del órgano del Parlamento autonómico ha llegado después de que a última hora de este martes el juez instructor del caso de corrupción lanzase un auto que ha tenido varias interpretaciones por parte de las fuerzas políticas. Y es que, según ha analizado Podemos y PSOE, el magistrado únicamente matiza que no se puede pedir documentación al Poder Judicial, pero sí al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Visión de la que difiere el PP.
PSOE y Podemos recalcan que ellos solo pidieron información a Cifuentes
“El auto del juez no dice nada de las actas que se le pidieron a Cifuentes, contesta que el juzgado no tiene que informar a los parlamentarios de sus diligencias. Pero, a diferencia de la Gurtel, aquí no se había pedido nada al juzgado”, ha afirmado Mercedes Gallizo, diputada del PSOE. Línea que ha continuado Podemos, a través de su portavoz en la comisión, Miguel Ongil: “El juez dice que él no va dar la información a la #ComisiónCorrupción, no que el Gobierno no tenga que dársela a la oposición”.
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En este sentido, el también diputado de la formación morada Hugo Martínez Abarca ha señalado que ellos “nunca” han pedido “al juez ningún documento”. “Se los pedimos al Gobierno. El juez responde a una pregunta del gobierno aparentemente tramposa que no tiene nada que ver con lo que hemos pedido”, ha aseverado el parlamentario.
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“Lo único que está diciendo el juez es que el Juzgado de la Audiencia Nacional no está obligado a entregar documentación a la comisión de investigación, pero de ningún modo está diciendo que el Gobierno no esté obligado”, ha completado la portavoz de Podemos en la Asamblea, Lorena Ruiz- Huerta. Por ello, la oposición ha aseverado que el auto del juez simplemente viene a decir que a él no se le puede reclamar documentación que está bajo secreto de sumario.
El PP insiste en que las actas no se pueden entregar
No obstante, el Partido Popular ha lanzado una interpretación distinta. De hecho, como ha hecho el portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, ha hablado de victoria judicial y de “varapalo” para la oposición, a los que ha reclamado algunas de las actas del Canal de Isabel II que ha ido entregado en las últimas semanas.
“Lo que ha venido a decir el juez es que toda esta campaña que llevábamos, meses de mentiras y de infundios sobre una información que se había entregado a la autoridad judicial, ha dejado al descubierto cuál era el verdadero objetivo de la oposición que no era otro que perjudicar y dañar a la presidenta Cristina Cifuentes”, ha resumido Garrido.
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Asimismo, el portavoz del Ejecutivo madrileño ha insistido que el auto judicial viene a decir algo “absolutamente razonable”: algo que está en manos de los jueces no puede “estar en un juicio paralelo por parte de los grupos políticos”. Isabel Díaz Ayuso, viceconsejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, también coincide al entender que el “auto es contundente” y que “no procede entregar la documentación requerida por la comisión” ya la “pida Cifuentes, la Asamblea o el Rey”.
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Ante esta diferencia de criterios, César Zafra, portavoz de Ciudadanos en la comisión de corrupción, ha desvelado que se ha acordado aplazar la comparecencia hasta “que tengamos claro todo el asunto”, que será cuando “podremos poner una fecha para que venga a dar explicaciones”. Es más, el diputado ha recalcado que hasta los letrados de la Cámara han indicado a los representantes políticos que “el auto deja claro ciertos puntos, pero otros no tanto”.
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