Ancianos
La aportación del Gobierno central para el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) sigue cayendo respecto a lo que aportan las Comunidades Autónomas y los propios usuarios. Según los datos del Observatorio Estatal para la Dependencia, la contribución presupuestaria de la Administración central se ha ido reduciendo paulatinamente hasta llegar al 15,9% de todo el presupuesto para atender a las personas que no pueden valerse por sí mismas o necesitan asistencia.
En 2009, el Estado aportaba casi el 40% del presupuesto global del sistema. Se despolmó en dos años hasta el 24% y desde 2011 cae casi medio punto interanual hasta los datos provisionales de 2017, que marcan un nuevo hito negativo.
La disminución de la ayuda estatal se compensa con un aumento de la carga presupuestaria sobre las regiones, que han pasado de aportar el 46% del presupuesto cuando el sistema se creó bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hasta el 63,7% actual.
Los particulares, por su parte, han pasado de hacerse cargo del 14,7% de la financiación del sistema al 20,4% que soportan a día de hoy.
“El gasto promedio por persona en situación de dependencia atendida en 2016 ascendió a 8.349 euros anuales, de los cuales 6.896 fueron aportados por las comunidades y solo 1.453 euros por el Gobierno central”, denuncia la Asociación de Directores de Servicios Sociales.
Las plataforma se ha reunido esta semana con los grupos parlamentarios con motivo del décimo aniversario de la ley que creó el sistema de atención a los dependientes, y les ha trasladado cinco grandes demandas: la primera de ellas revertir en los presupuestos de 2017 los recortes producidos por los reales decretos de 2012.
Además, un acuerdo entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas para acabar con la desatención, lo que la asociación llama el “limbo de la dependencia”, en los dos próximos años.
Exigen iniciar negociaciones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para aprobar “un modelo estable de financiación del Sistema en el marco de la LOFCA”, y “no acordar modificaciones de la Ley 39/2016 sin su tramitación y debate parlamentario y con un consenso similar al menos al que se logró en la ley actual”.
Por último, reclaman más transparencia en la gestión y los datos del sistema.
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