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Según el informe del sindicato sobre la presencia de amianto en centros educativos de la Comunidad de Madrid, que maneja una estimación basada en los años de construcción de cada centro (“dado que la Consejería se ha negado sistemáticamente a hacer un inventario de los centros con amianto”), en la región hay 925 centros que podrían estar afectados por la presencia de amianto. En comparación con ese total, los 23 centros desamiantados en Madrid capital solo suponen un 2,4% del total, afirma.
Esto supone, por ejemplo, que en el distrito de Fuencarral- El Pardo se ha retirado amianto de un centro educativo, “mientras que el riesgo de la presencia de amianto afecta a 28 centros”, explica CCOO. Asimismo, en Puente de Vallecas “han comenzado la retirada en siete centros, pero según nuestros cálculos los centros afectados ascienden a 39”.
Ante esto, se pregunta “qué sucede con el resto de zonas” de la región. Este problema no afecta únicamente a los centros de la capital, también a los del resto de la comunidad, donde se encuentran otros 564 colegios que podrían tener amianto.
El sindicato destaca que, de acuerdo a la promesa de desamiantar la ciudad por completo antes del año 2030, “al ritmo de un 2,4% por año tardarían 41 años en limpiar los centros educativos de amianto”. Esto, sin tener en cuenta que la fecha límite puesta por el Ayuntamiento de Madrid “va muy por detrás de lo fijado en la legislación nacional”. Según recuerda Comisiones, la Ley de Residuos aprobada recientemente en el Congreso fija 2028 como año límite para la total retirada del amianto en centros educativos, y enero de 2023 como límite para tenerlo inventariado y elaborar un plan de retirada.
“La retirada lleva años siendo lentísima y está poniendo en riesgo la salud de miles de alumnos y docentes. Hemos hecho el cálculo, y al ritmo que llevan no terminarían el desamiantado de la región en los próximos cuarenta años”, destaca la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid Isabel Galvín.
“No es que lo digamos nosotros: lo dice la ley. En enero de 2023 debe haber inventariado de centros con amianto y plan de retirada, y en 2028 las escuelas deben estar libres de amianto. Es así de simple. Y al ritmo al que van en Madrid, no lo van a conseguir”, censura Galvín. Para la dirigente sindical “hace falta una mayor inversión, aprovechar fondos europeos que lo cubren”. “Hacen falta programas para controlar y detectar la presencia de amianto en centros, procedimientos para evaluar los riesgos, protocolos para el correcto tratamiento del amianto retirado”, incide.
No obstante, apunta que “lo que realmente hace falta es que finalmente se tomen en serio el bienestar y la salud de alumnado, profesorado y personal educativo de los centros educativos madrileños, porque está claro, viendo lo que invierten en desamiantado y el tiempo que le dedican, que no es una de sus prioridades”.
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