El Grupo Ombuds es una empresa especializada en vigilancia y protección. Desde que compró la compañía Castellana de Seguridad (CASESA) en 2015, se convirtió en la tercera empresa del país en seguridad privada, a larga distancia de Prosegur y Securitas Direct. Un puesto en el podium que, sin embargo, no disfraza la endeble situación económica que atraviesa la compañía.
En estos momentos hay cerca de 8.000 vigilantes de seguridad privados por toda la geografía española pertenecientes a Ombuds que acumulan dos meses sin cobrar el salario (salario de junio y paga extra de julio).
Una situación de precariedad que previsiblemente se extenderá al mes de julio, ya que, a falta de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, la empresa entrará próximamente en concurso de acreedores. Una vez cruce esa línea, será un el Juzgado de lo Mercantil, a través de un administrador concursal, quien decida si procede la liquidación empresarial.
En estos momentos, la deuda de la empresa con la Agencia Tributaria asciende a los 46 millones de euros, aseguran a EL BOLETÍN desde el sindicato. “La Agencia ha embargado incluso contratos importantes como el que tiene la compañía con la empresa francesa Carrefour”, afirman.
Ombuds mantiene en la actualidad contratos de vigilancia privada con IFEMA, con la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), con el Museo Thyssen–Bornemisza y con Metro de Madrid, entre otros. Aunque este último parece decidido a rescindir su vinculación con la compañía de seguridad.
Los trabajadores denunciaron al suburbano por la supuesta responsabilidad solidaria que no ejerció cuando los trabajadores comenzaron a no ingresar el dinero de sus nóminas. Metro dispone de 550 vigilantes de seguridad privados provenientes de esta compañía, la EMT tiene cerca de 200, IFEMA unos 140 y el Thyssen-Bornemisza cerca de 35.
La “ambición” de los Cortina
Según la visión de Alternativa Sindical, el causante de los impagos es la “ambición” de la familia Cortina, uno de los propietarios de Ombuds, junto al fondo de inversión estadounidense JZI. “La empresa iba muy bien hasta que decidieron comprar CASESA”, aseguran.
De aquella adquisición, estos lodos financieros, consideran. La compañía expandió su presencia en España con esa compra al mismo tiempo que «contrajo la deuda que adjuntaba Castellana de Seguridad».
En estos momentos, la tercera empresa de seguridad de España no puede garantizar el salario de sus casi 8.000 trabajadores, principalmente porque los bancos han decidido cortar el grifo – factoring – de unos 40 millones de euros, informan diversos medios.
Huelgas en Ifema y EMT
Alternativa Sindical ha convocado huelgas de carácter indefinido en la EMT e Ifema a partir del 8 de agosto, dos organismos públicos que han sido denunciados por este sindicato para que “asuman la responsabilidad solidaria correspondiente a la deuda que se ha generado con la subcontrata Ombuds”.
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