Oficina de empleo
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) considera que existe un “amplio margen de mejora” en la gobernanza y la “eficacia” de los entre 6.100 y 6.500 millones de euros que calcula que se gastan al año en políticas activas de empleo (PAE). Así consta en el tercer Estudio del proceso de revisión del gasto (Spending Review) que ha realizado por primera vez en España este organismo.
La AIReF afirma que “no es fácil cuantificar” con exactitud la partida destinada a las políticas activas de empleo. Según los cálculos realizados por AIReF, en 2017 se dedicaron entre 6.100 y 6.500 millones de euros a estas políticas.
Una vez aplicadas las distintas metodologías de evaluación a la información disponible, la AIReF concluye que existen “claras deficiencias que ponen en cuestión la calidad del gasto en PAE y considera necesario identificar qué programas, servicios e itinerarios son más eficaces para poder hacer una asignación eficiente de los recursos públicos”.
La Autoridad Fiscal considera prioritario actuar sobre cinco ámbitos para poner el foco en las necesidades del desempleado y la eficacia de los servicios prestados y mejorar los sistemas y calidad de la información. En concreto, la institución que preside José Luis Escrivá propone implementar herramientas de perfilado y propuestas de itinerarios adecuados, que detecten las necesidades de los demandantes, según sus características, con el objetivo último de prestar el servicio más adecuado: la vinculación real de oferta y demanda de empleos.
Además, sugiere incorporar la evaluación como práctica habitual para poder tomar decisiones basadas en la evidencia, y poner el foco en la eficacia de las PAE para que la orientación y la formación mejoren la empleabilidad de los individuos. La AIReF plantea también incorporar incentivos orientados al cumplimiento de objetivos en la asignación de recursos en el reparto en Conferencia Sectorial y en las retribuciones de los responsables de orientar y formar a los demandantes de empleo.
Finalmente, propone diseñar una estrategia que involucre a los agentes locales ya que, la dimensión local, básica en las buenas prácticas internacionales, en España es limitada.
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