Mariano Rajoy, presidente del Gobierno
La petición realizada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de declarar como testigo en el ‘caso Gürtel’ a través de videoconferencia ha encontrado con la firme oposición de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), personada como acusación popular en el juicio. De hecho, el colectivo ha calificado las posibilidades ofrecidas al tribunal para realizar esta testifical de “no acreditadas y ridículas”.
En un escrito al tribunal, ADADE se ha opuesto a la petición realizada por el presidente del PP para que su declaración como testigo sea por plasma. La acusación popular ha querido replicar los argumentos de los populares justificando la comparecencia por videoconferencia para evitar un despliegue importante de recursos públicos. Algo que la asociación ha rechazado apuntando que dicho despliegue también se precisa cuando el presidente del Gobierno acude a actos políticos de su partido o a actos institucionales.
De la misma manera, el colectivo ha recalcado que si el interrogatorio se hace en el despacho oficial de Rajoy en La Moncloa y desde el plasma se coloca igualmente al acto procesal “en una posición subordinada respecto a la actividad pública del testigo”. El escrito, que tiene fecha de este lunes y al que ha tenido acceso Europa Press, ha señalado que “los límites a la desigualdad de trato de las personas deben de ser contemplados muy restrictivamente y sólo cuando se den acreditadas circunstancias que los justifiquen”.
Respecto a las fechas para comparecer que propuso Rajoy, ADADE se ha preguntado si la agenda del presidente es tan complicada que le impida “cumplir con su deber con tamaña inflexibilidad”. De hecho, la acusación popular ve una “auténtica burla al cumplimiento del acto procesal” que solo se dé dos opciones a finales de julio. Un “ridículo”, según la asociación.
Por ello, al considerar “esperpéntico” el abanico de posibilidades que ha dado Rajoy, la acusación ha reclamado al tribunal que inste a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno a elegir un abanico de fechas “lo suficientemente amplio de las que considere plausibles el tribunal”. Si no, ADADE ha remarcado la posibilidad de que se le ofrezca a Rajoy como única alternativa acudir a la vista o ser interrogado en su despacho oficial.
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