Más de una década después del inicio de la investigación, el conflicto judicial entre la Comisión Europea y Google por el uso dominante de Android da un nuevo paso. La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Juliane Kokott, ha emitido este jueves sus conclusiones, en las que respalda la histórica sanción de Bruselas por abuso de posición dominante. Aunque sus recomendaciones no son vinculantes, tradicionalmente marcan el rumbo de las decisiones finales del alto tribunal con sede en Luxemburgo.
La investigación arrancó en abril de 2015, cuando la Comisión Europea abrió un expediente a Google por imponer a los fabricantes de dispositivos móviles una serie de “acuerdos de distribución”. Estos acuerdos exigían que los terminales incluyeran Google Search y Google Chrome como condición para obtener la licencia de la tienda de aplicaciones Play Store.
Según Bruselas, este modelo violaba las normas comunitarias al limitar la competencia, perjudicar a otros actores del mercado y reforzar el monopolio de Google en servicios de búsqueda y navegación web.
La Comisión concluyó en 2018 que los acuerdos eran abusivos, ilegales y contrarios a la libre competencia en el mercado único europeo
En 2018, la Comisión impuso una multa histórica de 4.340 millones de euros, rebajada posteriormente por el Tribunal General de la UE a 4.124 millones. Google recurrió esta decisión ante el TJUE, pero ahora la abogada general se posiciona en contra de sus argumentos.
Kokott defiende que el Tribunal General no cometió errores al analizar los hechos ni al aplicar el Derecho de la competencia de la UE. Por tanto, recomienda desestimar el recurso y confirmar íntegramente la sanción.
Las conclusiones del TJUE, si siguen la línea habitual, podrían confirmar de forma definitiva una de las sanciones más duras impuestas a una multinacional tecnológica en Europa
El núcleo del conflicto reside en cómo Google aprovechó su control sobre Android para asegurar la presencia de sus propios servicios frente a los de posibles competidores. Los fabricantes que no aceptaban estas condiciones se quedaban fuera del acceso a la Play Store, una herramienta esencial para el funcionamiento comercial de sus dispositivos.
Esta práctica, según Bruselas y ahora respaldada por Kokott, constituye un abuso de posición dominante al utilizar su control sobre un sistema operativo mayoritario para condicionar el acceso a herramientas clave del ecosistema digital.
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