La Abogacía del Estado se pronunciará en los próximos días sobre el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en torno a Oriol Junqueras, tal y como anunció este jueves el Gobierno en un comunicado. A la espera de conocer su criterio al respecto en junio ya solicitó que el exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC pudiera tomar posesión como eurodiputado, aunque también rechazó que estuviera protegido por la inmunidad parlamentaria.
Según recuerda la SER, esta cuestión protagonizó un duro enfrentamiento entre la Abogada del Estado, Rosa Seoane, y los cuatro fiscales de procés. Y es que, la primera solicitó que Junqueras pudiera ir hasta el Parlamento a tomar posesión “a fin de no menoscabar la titularidad del derecho de participación política” del dirigente de Esquerra de cara a “la adquisición de la condición de miembro del Parlamento Europeo”.
En opinión de la Abogacía Junqueras tenía derecho a ir al Parlamento Europeo al igual que hizo acudiendo al Congreso a prometer el cargo de diputado. Esa salida debía “someterse a las mismas limitaciones y condiciones de custodia y seguridad” que al viaje a la Cámara baja, donde fue custodiado y conducido policialmente, pero sin esposar y pasando allí el tiempo estrictamente necesario.
En cuanto al reconocimiento de la inmunidad, continúa el mencionado medio, la Abogacía del Estado remarcó que el artículo 9.a del Protocolo de privilegios e inmunidades de la UE remite al derecho español, añadiendo que “el Parlamento Europeo carece de margen de apreciación para cuestionar la proclamación de electos que efectúe la autoridad electoral del Estado Miembro”.
Asimismo, la Abogacía se pronunció de nuevo al respecto dos semanas después para oponerse a dejar el caso en manos de la Justicia europea. “No es pertinente porque no versaría sobre el Derecho de la UE sino sobre la interpretación del derecho nacional”, afirmó en su escrito, añadiendo que “no existe duda de que de que las prerrogativas y derechos de la condición de diputado al Parlamento Europeo no se adquieren hasta la primera sesión del Parlamento Europeo y no se extienden a los candidatos electos”, palabras que chocan con lo dicho este jueves por el TJUE.
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