Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña
En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la abogada del Estado Rosa María Seoane se limita a solicitar a Llarena que incluya los desórdenes públicos como delito “por el que puedan ser enjuiciados los procesados en situación de rebeldía, junto a los de desobediencia y malversación”.
La decisión de la Abogacía tiene lugar después de que ayer martes los fiscales del ‘procés’ pidieran también a Llarena que persiguiera al expresidente catalán por el delito de desórdenes públicos agravados, además de por desobediencia y malversación agravada.
Llarena se vio obligado a reformular el procesamiento y las órdenes de busca y captura contra Puigdemont y los demás prófugos del 1-O para ajustarse a la reforma penal que entró en vigor el pasado jueves. Ese mismo día, el magistrado del Supremo acordó cambiar la desaparecida sedición por desobediencia -descartando que los hechos encajaran en el nuevo delito de desórdenes públicos agravados- y mantener la malversación agravada -desechando las nuevas versiones atenuadas-.
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