Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana de Catalunya y vicepresidente de la Generalidad de Cataluña.
La Abogacía del Estado ha presentado esta mañana sus conclusiones provisionales en la causa que se sigue en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra los líderes del ‘procés’ independentista catalán. En su escrito, el Servicio Jurídico del Estado aprecia los delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia grave, pero no de rebelión, como sí hace la Fiscalía.
En concreto, la Abogacía acusa al exvicepresidente Oriol Junqueras y a los exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa de los delitos de sedición y malversación. Para Junqueras solicita 12 años de cárcel mientras que para los otros cinco 11 años y medio de reclusión, así como la inhabilitación absoluta por tiempo equivalente al de la pena privativa de libertad.
Respecto a Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santiago Vila la Abogacía del Estado aprecia los delitos de malversación y desobediencia grave por autoridad pública y pide para ellos siete años de prisión, 10 años de inhabilitación absoluta y un año y ocho meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público además de una multa.
Los líderes de Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, son señalados en este escrito como autores de un delito de sedición y se solicita para ellos ocho años de cárcel y los mismos de inhabilitación absoluta.
Para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell se pide 10 años de prisión y los mismos de inhabilitación absoluta como presunta autora de un delito de sedición. Asimismo, para el exvicepresidente de la Cámara Lluís Maria Corominas y su sustituto Lluís Guinó, así como los antiguos miembros de la Mesa Anna Simó y Ramona Barrufet, se solicitan multas de 10 meses e inhabilitación para empleo o cargo público de un año y ocho meses por presunta desobediencia grave.
El mismo delito se achaca a Joan Josep Nuet y a Mireia Boya, aunque para ambos las condenas reclamadas se reducen a multa de ocho meses y un año y cuatro meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
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