El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en una imagen de archivo. (Foto: FGE)
Los servicios jurídicos de la Administración han presentado un recurso de reforma, al que ha tenido acceso Europa Press, contra la decisión del magistrado citar como investigados al fiscal general, a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y al teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Diego Villafañe.
La Abogacía considera que el magistrado –en el auto en el que justifica las citaciones– ha «omitido elementos de esencial relevancia» que ponen de manifiesto que «no concurre» en ninguno de los investigados «sospechas fundadas para considerarles posibles autores del delito» de revelación de secretos.
A su juicio, tales afirmaciones colocan a la Abogacía «ante una prueba diabólica de acreditar que no se ha producido lo que el instructor opina que sí se habría producido, sin base probatoria alguna».
Sostiene que los ‘emails’ intercambiados entre el abogado de González Amador y el fiscal de delitos económicos Julián Salto «no forman parte de las diligencias de investigación preprocesal». A su juicio, «resulta difícil sostener que los datos e información que contenían los correos electrónicos objeto de esta causa especial merezcan la protección penal que dispensa el artículo 417 del Código Penal», relativo a la declaración de secretos.
Al hilo, la Abogacía defiende que el auto del magistrado «sigue sin determinar los hechos o circunstancias en los que puede fundarse ese carácter secreto respecto del correo del 2 de febrero».
Además, insiste en que el instructor «sigue omitiendo que los hechos imputados a los investigados se encontraban amparados en las funciones y competencias propias del Ministerio Fiscal».
En primer lugar, por la obligación de los fiscales a dar cuenta de su actuación en los casos que «por su importancia o trascendencia deba conocer el fiscal superior o los fiscales superiores»; y en segundo, por la obligación de la Fiscalía de informar a la opinión pública, «especialmente cuando se trata de evitar la extensión de noticias inveraces con grave perjuicio para la inmagen de la justicia y la función de los miembros del Ministerio Fiscal».
Asimismo, la Abogacía señala que González Amador autorizó a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso, a que éste le diera difusión a los periodistas de dicho correo, de acuerdo a lo que declaró el alto cargo de la Comunidad de Madrid. Y recalca que dicha circunstancia tuvo lugar «antes de que los investigados tuvieran conocimiento».
Los servicios jurídicos reiteran que el correo electrónico del 2 de febrero «estuvo a disposición de múltiples personas», que la copia de la denuncia de Fiscalía del 5 de marzo «también fue remitida a la Agencia Tributaria», y que tanto la denuncia como el expediente tributario estaban en el decanato de los juzgados de Madrid desde dicho 5 de marzo, «a disposición de un número indeterminado de personas».
Recuerdan a su vez que dos periodistas reconocieron haber tenido la denuncia, el informe de la Agencia Tributaria y el correo «desde el 6 de marzo». Así las cosas, acusan al magistrado de omitir estos y otros elementos que «acreditan que la filtración del contenido del correo» se había producido «con anterioridad a las 23.51 del día 13 de marzo».
Para la Abogacía, la omisión de dichos hechos ponen en riesgo los derechos de los investigados. «Esta vulneración se agrava en la medida en que, como ya hemos denunciado, en el presente caso se está realizando un juicio paralelo en contra de los investigados, con una difusión pública ilegal y parcial que incide en la limpieza del proceso y que, incluso, puede llegar a poner en cuestión la imparcialidad del Tribunal», añade.
En otro escrito, al que también ha tenido acceso esta agencia de noticias, la Abogacía pide al juez que practique una serie de diligencias «con carácter prioritario y previo a la declaración de los investigados», fijada para los días 29 y 30 de enero y 5 de febrero.
En concreto, propone que se cite a declarar a González Amador al considerar que «si bien se ratificó en su querella en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), cuando dicho tribunal dirigía la causa, «el avance de esta investigación hace necesario para esta defensa que se le tome declaración».
También solicita las comparecencias como testigos de otros cinco periodistas, así como la citación de dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que ratifiquen y aclaren el informe que elaboraron con la información incautada en el registro del despacho de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.
Al margen, pide al instructor que requiera la intervención del móvil de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso, que ya compareció como testigo en el Supremo.
«Si bien esta parte ya ha formulado esta petición en varias ocasiones, de manera oral, (…) se interesa de nuevo, y por esta vía, la necesidad de esta diligencia, habida cuenta de las múltiples evidencias testificales que contradicen las constantes afirmaciones del señor Rodríguez respecto a que él no facilitó a los periodistas el correo de fecha 12 de marzo sino hasta las 22.21 de día 13 de marzo, una vez ya estaba publicada la noticia de El Mundo de las 21.29», apunta.
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