Embarazada
Con esta nueva instrucción, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Gobierno español refuerza su negativa a reconocer efectos legales a los contratos de vientres de alquiler, incluso cuando hayan sido validados judicialmente en el extranjero. La medida afecta a las inscripciones de nacimientos en el Registro Civil y elimina una vía que hasta ahora permitía inscribir directamente a los menores nacidos mediante esta práctica prohibida en España.
La nueva norma, emitida por el Ministerio de Justicia, anula la posibilidad de inscribir directamente a estos menores, aunque exista una sentencia extranjera que avale la gestación subrogada. En 2024, el Tribunal Supremo ya sentenció que un contrato de este tipo, aunque validado por un tribunal estadounidense, es nulo de pleno derecho en España por vulnerar la dignidad humana.
“La filiación deberá establecerse a través de prueba de vínculo biológico o mediante la vía de la adopción, no por resoluciones extranjeras”
El Supremo calificó la gestación subrogada de atentado contra la integridad moral de la mujer y del menor, señalando que ambos son tratados como objetos de comercio. La sentencia también subrayaba que el niño tiene derecho a conocer su origen biológico, algo que este tipo de contratos tiende a ocultar.
En la misma línea, el alto tribunal argumentó que el interés superior del menor no puede basarse en el deseo de los “padres de intención”, ni en contratos celebrados bajo legislaciones extranjeras.
Desde Justicia explican que esta instrucción armoniza el ordenamiento jurídico español con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que permite a los Estados restringir el reconocimiento de estos procesos si están prohibidos por su legislación.
“El objetivo es evitar que ciudadanos españoles eludan la prohibición nacional recurriendo al extranjero para contratar vientres de alquiler”
En España, la gestación subrogada fue declarada nula desde 2006 y, desde 2023, está considerada como una forma de violencia reproductiva. Además, el Gobierno subraya que esta reforma responde a una demanda histórica del movimiento feminista y de quienes abogan por los derechos de la infancia.
Durante el año 2023, 154 menores nacidos por gestación subrogada fueron inscritos en el Registro Civil español mediante resoluciones judiciales extranjeras. La nueva instrucción busca frenar esa práctica y limitar el uso del sistema judicial extranjero como vía para burlar la legislación nacional.
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