Maza de juez
El Ministerio de Justicia ha procedido al abono de los cuatro millones de euros correspondientes a los servicios de los letrados del Turno de Oficio prestados el pasado mes de octubre en la denominada ‘zona Ministerio’ y que han sido reconocidos como Justicia Gratuita.
Así lo ha dicho el departamento que dirige Dolores Delgado en un mensaje publicado este miércoles en la cuenta institucional del Ministerio en Twitter en el que afirma que el Consejo General de la Abogacía Española «ha recibido ya los fondos para el pago de la asistencia jurídica gratuita del mes de octubre».
La propia Abogacía lo ha confirmado unas horas después en la misma red social en la que asegura que «ya se ha realizado la transferencia bancaria a los Colegios de Abogados de territorio competencia del Ministerio de Justicia para proceder al abono correspondiente a los abogados» del Turno de oficio por las funciones desempeñadas en el mes de octubre.
«Sólo de octubre», subraya el Consejo en un tuit publicado varios minutos después, en el que señala, además, que seguirá «exigiendo al nuevo Gobierno» que forme Pedro Sánchez «una retribución digna y el pago puntual, sin ningún tipo de demoras del trabajo realizado».
MESA DE TRABAJO
El Ministerio propuso el pasado 18 de diciembre al Consejo General de la Abogacía y al Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) la creación de una mesa de trabajo bilateral para estudiar sus demandas relativas al Turno de Oficio, así como abordar las reformas legislativas y reglamentarias necesarias para este tipo de profesionales.
En principio, las negociaciones estaban previstas que comenzarán a principios de enero, pero según informan fuentes del Consejo a Europa Press, su celebración se ha pospuesto debido a que esta institución se encuentra en periodo electoral hasta el próximo 17 de enero y que el Gobierno está en plena formación, después de que Pedro Sánchez fuera investigo este martes.
La propuesta llegó días después de que Justicia les comunicara que no pagaría aquellos expedientes realizados por mandato judicial en la denominada ‘zona Ministerio’ –Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia e Isla Baleares, Ceuta y Melilla, así como al Colegio de Madrid en lo que respecta a la jurisdicción estatal, como la Audiencia Nacional y Tribunal Supremo– que no cumplen los requisitos establecidos en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
Esta decisión fue adoptada después de que la Abogacía del Estado y la Intervención Delegada del Ministerio advirtieran en sendos informes de que el pago a los profesionales que prestan este servicio público podría tener consecuencias penales si no son conforme a la ley.
CERTIFICADOS DE LOS EXPEDIENTES
Así, para identificar cuáles estaban amparados por dicha normativa, el Ministerio solicitó a los distintos colegios de abogados para que remitiesen al Ministerio los certificados de todos aquellos procedimientos que fueron asistidos por abogados del Turno de Oficio y que acrediten que la persona defendida tenía reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, tal y como establece la normativa aplicable.
Tras revisar cada uno de ellos, Justicia anunció el pasado 12 de diciembre que se procedería a abonar más de 4 millones de euros a los colegios que habían presentado la documentación –el de Burgos fue el único que no atendió al requerimiento, por lo que, por el momento, no recibirá importe alguno relativo a octubre–, lo que corresponde el 95 por ciento de lo reclamado inicialmente.
Ante la insistencia de los abogados y tras el acuerdo del Pleno del Consejo General de la Abogacía Española de emprender acciones legales contra el Ministerio de Justicia, que consideran que deben pagarse todos los servicios del Turno de Oficio prestados, independientemente de si han sido reconocidos como Justicia Gratuita, el Ministerio se reunió con sus representantes para proponerles una mesa de trabajo para encontrar una solución.
Aún así, el pasado 20 de diciembre, unos 200 abogados del Turno de Oficio se concentraron ante la sede del Ministerio para reclamar el pago de los servicios prestados como justicia gratuita.
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