El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en una imagen de archivo. (Foto: juntsxeuropa)
Así lo han explicado fuentes consultadas por Europa Press, con lo que el último gesto del mediador –que fue la primera vez que se pronunció desde que empezaron las conversaciones– parece haber dado el empujón definitivo a una negociación que en el Gobierno veían avanzada desde hace semanas.
De hecho, las citadas fuentes aseguran que se han producido avances significativos que podrían propiciar novedades al respecto a finales de esta semana o a principios de la siguiente, mientras que otras apuntan que faltaría el visto bueno del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, y otras incluso hablan de ‘principio de acuerdo’ entre los partidos, sin dar más detalles al respecto.
Cabe recordar que, en su comunicado, Galindo constataba que no se habían materializado algunos de los puntos en los que existe acuerdo político entre las dos partes, y pedía a Junts que considerara retirar la cuestión de confianza ante el escenario que se abría «en las próximas semanas en relación a los temas más sensibles» que habían trabajado hasta la fecha.
«Una ruptura del espacio significaría un retroceso difícil de superar que frenaría estos avances, que mi función de verificador me impide de revelar pero no de conocer», añadía.
La realidad es que la negociación para el traspaso integral de las competencias en materia de inmigración lleva encallada desde hace meses, y los principales obstáculos se han centrado en tres puntos: control de fronteras, expedición de los NIE y la apertura de expedientes de expulsión.
El Ejecutivo central siempre ha defendido que el control de fronteras es una competencia estatal, aunque se ha mostrado abierto a incorporar algunos retoques, como por ejemplo aumentar la presencia de Mossos d’Esquadra en puertos y aeropuertos.
En este sentido, las fuentes consultadas apuntan a la presencia tanto de Policía Nacional y de Guardia Civil como de los Mossos d’Esquadra en las tareas mencionadas pero «cada uno dentro de sus competencias», según remarcan.
Ambas partes reconocen que las negociaciones han sido «difíciles», y lo demuestra el hecho de que, aunque PSOE y Junts acordaron hace un año la cesión de competencias sobre inmigración a cambio del apoyo al decreto anticrisis, todavía no es una realidad.
El calendario en el que se trabajaba era el de lograr un acuerdo a finales del año pasado, pero desde Junts siempre se ha puesto énfasis en que debía ser un traspaso integral de las competencias en esta materia, algo que no veían reflejado en el avance de las negociaciones.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, aseguró el pasado 4 de febrero que las negociaciones con Junts estaban bastante avanzadas -textualmente– y que el compromiso del Ejecutivo central era «respetar siempre el paraguas de la Constitución».
PGEUna vez el pacto quede sellado, debería quedar allanado el camino para aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), señalan fuentes del Gobierno, que esperan que un acuerdo en estos términos ayude a convencer a Puigdemont para que respalde unas nuevas Cuentas Generales.
Sin embargo, los de Junts siempre han mantenido que no negociarán los PGE sin que se cumpla antes con los actuales, por lo que niegan que se den las circunstancias para entrar en una negociación.
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