La ministra de Justicia, Dolores Delgado, en el Congreso.
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 no han terminado de convencer a las asociaciones judiciales y fiscales. De hecho, les ha indignado. En un comunicado conjunto, han censurado que el proyecto “es un retroceso respecto del presupuesto vigente” y que deja entrever que para el Gobierno “la Justicia no solo no es una prioridad, sino que parece ser un estorbo”.
Por el momento, la próxima semana la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la Asociación de Fiscales, Juezas y Jueces para la Democracia, la Unión Progresista de Fiscales, Foro Judicial Independiente y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales se reunirán en Madrid “para concretar un calendario de movilizaciones”.
“Una Justicia independiente y dotada de medios no interesa a ningún partido político”, han lamentado. Según han reprochado, el cambio de gobierno no ha cambiado la actitud en este sentido y más al ver que se han dedicado a crear “falsas expectativas y apariencia de negociación y cercanía”.
Las asociaciones judiciales han denunciado que el único fin que viene persiguiendo el actual Ministerio de Justicia es el “desgastar y dar largas a los interlocutores de las Carreras Judicial y Fiscal”. Algo que han intentado “convocándonos a reunión tras reunión sin un verdadero compromiso e interés por acoger nuestras justas y nada ambiciosas reclamaciones”.
Los PGE para 2019, según han aseverado, no cumplen ni con lo acordado: “Se nos aseguró que se iban a convocar 300 plazas de jueces y fiscales”. Sin embargo, tal y como han apuntado, “se ha vuelto a la rácana convocatoria de 100 plazas, frustrando las expectativas de miles de opositores y dejando sin cubrir la verdadera necesidad de plazas existente”.
Así, no han dudado en concluir en que, “un año más”, el Poder Judicial será controlado “con austeridad presupuestaria”.
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