Jueces para la Democracia cree que Catalá debe dimitir porque «parece desconocer la separación de poderes»

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el portavoz de la asociación ha insistido, en referencia a las críticas que ha recibido la resolución de la Audiencia de Navarra, en que es «comprensible» que una resolución judicial «sea sometida a la crítica ciudadana». No obstante, ha señalado que, en el caso de la clase política, hay que exigir «rigor» en sus valoraciones. «No se puede hacer demagogia», ha reivindicado.

Asimismo, ha explicado que Jueces por la Democracia ha pedido la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, porque «parece desconocer el principio la separación de poderes y el respeto que tiene que haber hacia el poder judicial y a su órgano de gobierno», el Consejo General del Poder Judicial, porque, en sus declaraciones, ha dicho que «el Consejo debería, incluso, llegar a sancionar al juez que emite el voto particular».

El portavoz de Jueces por la Democracia se ha pronunciado también sobre la reforma del Código Penal que se está planteando tras este caso y, por su parte, ha rechazado «el populismo punitivo y la legislación a golpe de titular». Según ha indicado, «a veces, quieren darnos la sensación de que todo se resuelve con una reforma del Código Penal», como si fuera «una varita mágica que todo lo resuelve», y «no es así».

En este caso en concreto, ha afirmado que «puede que sí» sea necesaria una reforma del Código Penal, pero «no necesariamente». Además, ha señalado que, con el relato de hechos probados que se recoge en la sentencia, se habría podido condenar por agresión sexual.

SISTEMA DE RECURSOS

González Vega ha precisado que, «en la calle, no se está discutiendo sobre la condena o absolución» porque los acusados han sido condenados, sino que «el problema viene dado por que la pena que se les exigía por parte de algunos ha sido notablemente inferior».

En cualquier caso, ha recordado que «existe un sistema de recursos y habrá dos tribunales», el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo, que podrán «reexaminar» la causa.

Tras insistir en que el caso no está todavía cerrado, ha manifestado que, respetando la resolución judicial, considera que «en esos hechos probados quedan muchas interrogantes de por qué no se ha dictado una condena por agresión sexual», pero, aún así, cree que la fundamentación que ha dado el ponente en su resolución «no es descabellada». En relación al voto particular, que pide la absolución de los acusados, considera que recoge «afirmaciones cuando menos polémicas y criticables».