El portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, ofrece una rueda de prensa tras la reunión del Comité de Dirección del partido.
En la denuncia, el abogado Fernando Pamos de la Hoz entiende que Martínez-Almeida, en su condición de funcionario y autoridad, debería haber llevado los hechos ante los juzgados.
En concreto, la denuncia se interpone por un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos (artículo 408 del Código Penal), entre otros, «en su condición doble de funcionario y autoridad, con relación a la obligación inexcusable que tuvo de haber denunciado los hechos que han sido objeto reciente de querella por el Ministerio Público en relación a las mascarillas y otros materiales que se adquirieron para la pandemia en el año 2020».
Esgrime el letrado que «el hecho de que hubiere diligencias de investigación por el Ministerio Público no supone iniciación del procedimiento penal como tal, y no eximía de denunciar los mismos por el Ayuntamiento de Madrid».
El abogado señala que, conforme consta en el sumario, tuvieron conocimiento antes de esas diligencias de investigación de la presunta estafa debido a que «fueron adquiridos guantes con un sobreprecio obsceno e inútiles para la labor que se requería (y se exigió la devolución) y que los test, con un precio desorbitante, fueron igualmente desechados por su nula eficacia».
Ante estos hechos, el abogado solicita que se admita una denuncia y se cite como investigado, con presencia del Ministerio Fiscal, al mismo para que declare sobre los hechos relatados.
El juez Alfonso Carretero investiga una querella de la Fiscalía Anticorrupción contra los dos empresarios por la presunta comisión de delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales.
Según la querella, Alberto Luceño y Luis Medina «actuando de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico, ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de adquirir grandes remesas de material sanitario fabricado en China».
La querella señala que las operaciones costaron al Ayuntamiento de Madrid unos 10,8 millones de euros, obteniendo «un millón de mascarillas que, a pesar de ser de buena calidad, el vendedor habría estado dispuesto a vender por un precio muy inferior al pagado; concretamente, el 40% de lo que el Ayuntamiento pagó por ellas».
También recibió dos millones y medio de pares de guantes de nitrilo, de calidad «muy inferior y características distintas a las que se le habían ofrecido, y por los que este pagó aproximadamente el cuádruple del precio que tenían ese tipo de guantes en un supermercado de Madrid en esas mismas fechas».
Además, recibió 250.000 test Covid-19, de los que casi una cuarta parte (60.000) eran inservibles por su reducido nivel de sensibilidad (66,7%), y otra parte importante (115.000) eran, cuando menos, también de dudosa eficacia por su bajo nivel de sensibilidad (80%).
«Como contrapartida, Alberto Luceño recibió en concepto de comisiones un total de 5.100.000 dólares –4,6 millones de euros–, mediante transferencias remitidas desde Malasia a una cuenta personal», recoge la querella de la Fiscalía.
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