Jordi Cuixart: «La prioridad no puede ser liberar a los presos, es la resolución del conflicto»

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha asegurado que la prioridad de la negociación política debe ser la resolución del conflicto entre Cataluña y el resto de España y no la liberación de los presos independentistas.

«La prioridad no puede ser la liberación de los presos, sino la resolución del conflicto», ha manifestado en una entrevista a Europa Press desde la cárcel de Lledoners, destacando así que los presos no pueden condicionar lo que pase fuera de la cárcel.

Según Cuixart, tras dos años de prisión ha quedado claro que los presos no son «moneda de cambio de nada», por lo que pide que nadie tenga la tentación de ponerlos sobre la mesa de negociación porque, a su juicio, lo central es el reconocimiento del derecho a la autodeterminación y acabar con la represión, según ha dicho textualmente.

«Lo que debe hacer el Gobierno es acatar las resoluciones internacionales, dejar de manipular el poder judicial y dejar paso a la negociación», ha reclamado Cuixart, que cree que la amnistía es una reivindicación legítima y un instrumento válido que tiene el Estado para la resolución del conflicto, pero que por sí sola no implicaría una resolución democrática automática.

Sobre si es partidario de modificar el Código Penal, cree que sirve «de poca cosa si la justicia sigue actuando al margen» teniendo en cuenta que, desde su punto de vista, le han condenado por ejercer derechos fundamentales y por un delito inexistente, asegura.

«La cúpula del poder judicial está cuestionada y vemos cada día como en el Estado no existe una separación de poderes real», ha lamentado.

Al preguntársele si la Generalitat debe desacatar el fallo del 1-O, pide al Govern y los partidos actuar con «coherencia, rigor y valentía» para dar una respuesta adecuada desde las instituciones.

NO HA HABIDO «UNA RESPUESTA A LA ALTURA»

Para Cuixart, de momento no se ha dado esta respuesta adecuada a esa sentencia, pese a que hay «un presidente del Parlament y un vicepresidente en prisión, junto con cinco consellers más».

«Tengo la sensación de que la indignación de una parte muy importante de la gente no se ha traducido en ninguna respuesta institucional que podamos considerar a la altura de la gravedad de los hechos», ha opinado, englobando a los partidos en su crítica.

APOYO A TORRA

Para Cuixart, el pleno extraordinario del Parlament que ratificó a Quim Torra como diputado y presidente de la Generalitat es un «buen ejemplo» de respuesta institucional, y ha aprovechado para cargar por la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de retirarle la credencial de diputado, una inhabilitación ratificada por el Tribunal Supremo.

«Es delirante que la JEC se crea competente para inhabilitar por primera vez a un presidente de la Generalitat en activo. Siempre estaremos al lado de las instituciones y, en este caso, del presidente», ha dicho.

También ha criticado la decisión del Supremo de ejecutar la inhabilitación del exvicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, pese al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y ha vaticinado: «El Estado español está aislado jurídicamente y acabará condenado».

«No todo vale en nombre de la unidad de España, y esto es lo que ha dicho el TJUE y el presidente del Parlamento Europeo al Estado. Saben que todo el proceso está lleno de chapuzas e irregularidades, de vulneraciones flagrantes», ha advertido.

Una vez clasificado en segundo grado, Cuixart ha mantenido que no se acogerá a ningún beneficio penitenciario, pero sí pedirá permisos –lo puede hacer desde el martes– porque es un «derecho» de los presos al que no renunciará.

A lo que no quiere acogerse es a medidas de reinserción porque está convencido de que no ha cometido ningún delito y porque defiende que las penas deben cumplirse íntegramente, lo que no implica que reconozca su «legitimidad».

También ha pedido no caer en «polémicas estériles que sólo sirven para dividir», en relación a si deben tener el segundo o tercer grado, y ha pedido al Estado asumir las reclamaciones de la comunidad internacional.

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