Audiencia Nacional
Izquierda Unida, que ejerce como acusación popular en la caja B del PP junto a otras asociaciones, ha registrado en la Audiencia Nacional un escrito en el reclama la recusación de Juan Pablo González. Y lo ha hecho por la “amistad manifiesta” de este magistrado con el partido de Mariano Rajoy, una formación que aparece como “responsable civil subsidiario”. Para la coalición de izquierdas, esto puede afectar “a la parcialidad del procedimiento y transparencia del mismo”.
Según el escrito de IU, “no podemos ignorar tanto el hecho de que el magistrado ahora recusado votó contra la decisión mayoritaria de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de apartar a los magistrados López y Espejel por existir dudas sobre su apariencia de imparcialidad, como el hecho de que Espejel ha participado en el acuerdo de la Sala de Gobierno que ha modificado la composición del tribunal e introducido al magistrado ahora recusado”.
Todos estos magistrados, destaca la coalición, “fueron designados por el Partido Popular como vocales del CGPJ” y “promocionados o condecorados” por el Gobierno de Rajoy. Asimismo, recuerda que Juan Pablo González ha sido el elegido para redactar la sentencia que se dicte en el caso de la caja b de la formación conservadora.
Respecto a este caso aún está pendiente que se fije la fecha para la apertura de la vista oral “en lo que tiene que ver hasta ahora con el banquillo establecido en mayo de 2015”, cuando se abrió juicio contra los ex tesoreros del PP Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, así como contra el ex gerente Cristóbal Páez y contra los dos arquitectos que reformaron la sede nacional.
En el escrito registrado hoy, firmado se afirma que “existen dudas más que razonables sobre la parcialidad” de González “en cuanto adeuda gran parte de su carrera profesional al apoyo expreso del partido político, cuyos tesoreros y cuya contabilidad opaca se debe enjuiciar”. Además de ser elegido vocal del CGPJ a propuesta del PP, en 2012 este mismo magistrado, sostiene IU, “fue nombrado por el Gobierno del Partido Popular como juez de enlace en París”.
Ante todo esto Izquierda Unida, que junto a la Asociación Libre de Abogados y la Asociación CODA-Ecologistas en Acción forman la acusación popular, sostiene que “cualquier juez de quien se puede temer legítimamente la falta de imparcialidad debe ser recusado”.
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