Puerto de mercancías
Izquierda Unida, a través de su eurodiputada Paloma López, ha trasladado a la Comisión Europea (CE) el polémico real decreto-ley que regula la estiba en nuestro país, una norma que el Gobierno del PP logró imponer finalmente tras conseguir que Ciudadanos, en comunión de intereses con los nacionalistas catalanes y vascos, modificara el sentido de su voto la semana pasada, a cambio de diversas prebendas presupuestarias.
Según informa IU en un comunicado “López registró una pregunta dirigida a la CE en la que denuncia que esta norma “sigue vulnerando el diálogo social” y podría ir en contra de lo establecido por la Convención 137 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y su recomendación 145, al eliminar los registros del trabajo portuario.
La eurodiputada de IU explica en su iniciativa que este Real Decreto-Ley 8/2017 de 12 de mayo “manifiesta los mismos defectos que la propuesta anterior del Ejecutivo”, presentada en marzo y rechazada entonces de forma mayoritaria por el Congreso, en una votación que se convirtió en la primera desde 1979 en la que un gobierno en minoría no convalidaba un decreto ley.
Explica que en el fondo de la cuestión está la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 11 de diciembre de 2014, en la que indicaba que el Estado estaba violando la legislación comunitaria al “imponer la obligación de inscribirse en una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios [SAGEP]”.
Paloma López denuncia que el Gobierno del PP ha aprovechado esta sentencia para añadir en sus dos decretos una serie de medidas que “no garantizan bajo ningún concepto el cumplimiento de los derechos de los trabajadores”, incluida la subrogación de los trabajadores de la propia SAGEP. Y recrimina que lo haya hecho, “tratando de poner a la opinión pública en contra de los estibadores”.
La eurodiputada señala que “no es aceptable que se ignoren los resultados del diálogo social y se pretenda, nuevamente, imponer la liberalización de la estiba por decreto”. Echa por tierra los argumentos de urgencia utilizados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y sus socios para actuar al margen del diálogo social y recuerda que la CE cerró la misma semana pasada un procedimiento de infracción contra Bélgica por su propia ley de la estiba., a pesar de que «respetaba el marco de la negociación colectiva».
López cuestiona en su iniciativa que la norma española cumpla con la exigencia de que las subrogaciones se garanticen legalmente, como permite la Directiva 2001/23/CE sobre traspasos de empresas. «España -advierte- tiene obligaciones en el marco de la OIT que debe respetar al mismo nivel que las sentencias del TJUE».
La parlamentaria europea de IU señala también a la Comisión Europea entre los puntos controvertidos de la nueva norma el que hace referencia al artículo 4 de la disposición transitoria primera, que habla de la subvención de los despidos de la SAGEP por parte de las autoridades portuarias y que, desde su punto de vista, podrían llegar a ser consideradas como ayudas de Estado ilegales.
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