Campo de fútbol
La investigación se remonta a 2017, cuando el Instituto Armado tuvo conocimiento que dos agentes de futbolistas, vinculados a una de las agencias de representación de futbolistas con mayor volumen de negocio en Europa, habían adquirido unas lujosas viviendas en el término municipal de Calviá en la isla de Mallorca, utilizando para ello un complicado entramado societario para ocultar la verdadera
titularidad de los mismos. Tras realizar un seguimiento del origen del dinero a nivel internacional se pudo descubrir cómo estos agentes formaban parte de una organización criminal que era capaz de controlar diversos clubes de fútbol de países como Serbia, Chipre o Bélgica.
En este marco, y bajo la dirección y coordinación del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional así como de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, se han autorizado registros en domicilios y sedes de empresas, y medio centenar de requerimientos de documentación a múltiples sociedades, clubes de futbol y bufetes de abogados.
CONTROLABAN EQUIPOS EN SERBIA, CHIPRE O BÉLGICA
Estos agentes llevaban a cabo fichajes ficticios de los que solamente se tuvo conocimiento a través de los documentos desvelados por diversos medios de comunicación social y comúnmente denominados como FOOTBALL LEAKS.
De esta forma, obtenían grandes beneficios destinados a su
enriquecimiento, pudiendo ocasionar grandes perjuicios económicos para los citados clubes así como para el erario público de los países implicados por la evasión de impuestos.
En el periodo en el que se centra esta investigación, los dos agentes de futbolistas habrían introducido en nuestro país una cantidad superior a los 10 millones de euros para adquirir sus viviendas, yates y mantener su elevado nivel de vida.
MÁS DE 10 MILLONES DE EUROS, YATES Y VIVIENDAS
En la operativa de introducción de dinero en España ha jugado un papel fundamental un despacho de asesoramiento fiscal radicado en Malta y con delegaciones en otros países, cuyos trabajadores participarían en el ocultamiento y posterior introducción en España de parte del dinero obtenido por los investigados, así como en la estrategia de deslocalización fiscal de los citados, para evitar el pago de impuestos en España.
De momento son cinco las personas investigadas y varias decenas prestan declaración testifical. Además, debido a la repercusión internacional, se ha solicitado colaboración a varios países así como a EUROPOL, que ha apoyado la investigación analítica y operativamente, así como facilitando la cooperación internacional entre todas las instituciones implicadas.
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