Juan Miguel Villar Mir en su comparecencia en el Congreso.
El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón volverá a interrogar este jueves al expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir y al empresario Javier López Madrid por presuntas irregularidades en la adjudicación del proyecto de cercanías entre los municipios madrileños de Navalcarnero y Móstoles en 2007.
El juez que investiga presuntas irregularidades del Canal de Isabel II les vuelve a tomar declaración tras suspender la citación del pasado mes de marzo, en el marco de la pieza número 3 del caso Lezo relacionada con el presunto pago de una comisión de 1,4 millones de euros al entonces presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González para hacerse con esta adjudicación.
Ambos declararon ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 por estos hechos el pasado mes de septiembre. Al respecto, Villar Mir negó haber tenido participación alguna en el presunto pago de la mordida al cabecilla de la trama Lezo para este proyecto fallido que pretendía unir los municipios madrileños de Móstoles y Navalcarnero.
En relación con López Madrid, el magistrado que comenzó investigando la causa, Eloy Velasco, expuso que éste le dio al exmandatario regional «unos detalles muy concretos» sobre el pago de la comisión que se efectuó desde México a una cuenta en Suiza, según consta en el auto en el que decretó su ingreso en prisión provisional. El empresario quedó en libertad tras abonar una fianza de 100.000 euros.
INCRIMINADO ADREDE
De acuerdo con el auto, el cuaderno de López Madrid recogía fechas próximas a la adjudicación del contrato y anotaciones de que había que darle los detalles del operativo al entonces consejero delegado de la extinta empresa pública Mintra, Jesús Trabada, encargado de firmarlo.
González contó al exministro Eduardo Zaplana que López Madrid le dijo que había efectuado el pago de la comisión, de acuerdo con el auto del magistrado Velasco. El empresario, por su parte, le acusó de incriminarle adrede a sabiendas de que sus llamadas estaban siendo registradas por la Unidad Central Operativa (UCO) en el marco de la investigación judicial.
OHL siempre ha defendido que en la investigación interna que realizó con respecto a este asunto se identificaron dos transferencias por importe de 2,5 millones de dólares por facturas emitidas y contabilizadas de Lauryn Group sin que haya indicio de que pudieran estar relacionadas con actos ilegales o ilícitos de ningún tipo.
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