“La facilidad en el acceso a servicios por parte de los ciudadanos de un país o de una región puede considerarse un indicador de su grado de desarrollo económico y social”, recuerdan los economistas del Banco de España en un ‘documento ocasional’ publicado hoy.
Entre los aspectos que analiza este informe, se encuentra la accesibilidad a los servicios digitales. “Uno de los beneficios de la digitalización es que la prestación de determinados servicios, que antes requerían la presencia física del proveedor y del usuario final, puede realizarse ahora a distancia”, apuntan los autores. “Además del ahorro de costes de desplazamiento que ello conlleva, con la digitalización el número de potenciales demandantes de dichos servicios se incrementa, ya que pueden acceder a ellos muchos usuarios, aunque residan en lugares remotos o de reducido tamaño”.
Sin embargo, “esta universalización de la prestación de determinados servicios requiere disponer de una infraestructura adecuada que garantice una conectividad eficaz y segura, y que los ciudadanos dispongan de competencias en el uso de las nuevas tecnologías”.
De acuerdo con el Banco de España, en 2019 la disponibilidad de banda ancha en España se situaba por encima del promedio de la Unión Europea: en torno al 91% de los hogares españoles tenía acceso a Internet de banda ancha, frente al 88% en el conjunto de la UE. Más en profundidad, el porcentaje de hogares con acceso a banda ancha en zonas urbanas alcanza el 93% en España y el 90% en la UE, mientras que en zonas rurales estos porcentajes se sitúan en el 84% para España y en el 82% para la UE.
Esto significa que “un ciudadano español que resida en una zona rural tendrá menos posibilidades de acceder a Internet de banda ancha que uno que resida en una zona urbana, y esta diferencia es ligeramente mayor en España que en el conjunto de la UE (0,9 pp y 0,8 pp, respectivamente)”.
Además, “una buena conectividad no solo viene determinada por la disponibilidad de la infraestructura de banda ancha, sino también por la velocidad de su conexión, que determina el tipo de servicio digital al que se puede tener acceso”, destacan los economistas. Así, por ejemplo, mientras que una conexión de 30 MB sería suficiente para acceder a páginas de comercio electrónico, no permitiría mantener una videoconferencia. Por tanto, “solo aquellas zonas con buena conectividad podrían potencialmente beneficiarse del impulso que recientemente está experimentando el teletrabajo en algunos sectores de actividad”.
A ello se suma que “si bien España está mejor posicionada que la media de la UE en términos de conectividad, el precio del acceso a la banda ancha es muy superior en España”.
Según el Banco de España, existe una “cobertura casi absoluta” para redes móviles 4 G, al disfrutar la práctica totalidad del territorio de coberturas por encima del 95% de los hogares. Sin embargo, la cobertura de banda ancha a 100 MB se sitúa por debajo del 75% en la mayoría de los municipios. De hecho, “el 62% de los municipios presentan una cobertura del 0% en banda ancha a 100 MB”.
En cuanto a las diferencias en cobertura entre municipios rurales y urbanos, la cobertura media de los municipios urbanos es del 91,9%, 81,9%, 99,9% y 99,8% en banda ancha de 30 MB, banda ancha de 100 MB, red móvil 3 G y red móvil 4 G, respectivamente. Estas coberturas se reducen al 71,3%, 18,6%, 97,5% y 92,8% en el caso de los municipios rurales.
El análisis realizado permite concluir que “existe un déficit significativo en el acceso a banda ancha de 100 MB en las zonas rurales de España”. Por ello, “el nuevo escenario que se dibuja tras las crisis económica y sanitaria causadas por la pandemia de covid-19, con un probable aumento del trabajo en remoto y una creciente demanda de acceso a servicios digitales, presenta a la vez un desafío y una oportunidad para las administraciones locales y, en particular, para los municipios rurales”.
El Banco de España considera que “resulta conveniente valorar la posibilidad de dotar a estos municipios de las infraestructuras digitales necesarias para facilitar el acceso a aquellos servicios que puedan prestarse de forma online, reduciendo así la brecha digital rural-urbana”.
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