El semanario carga contra la tibieza de Unasur y exige que la organización ponga fin a los desmanes que Maduro está cometiendo para tratar de silenciar a la oposición venezolana. Ucrania y Venezuela son los dos grandes focos de tensión social que ocupan, actualmente y desde hace aproximadamente un mes, los titulares de la prensa internacional. En el caso de Europa del Este el conflicto ha trascendido lo regional y ha implicado a Moscú, Washington, Bruselas e incluso Ankara. Del segundo algunas grandes cabeceras esperan que sea la propia Latinoamérica quien ponga orden y meta en vereda al actual líder chavista: Nicolás Maduro.
Es el caso del semanario británico The Economist, actor de influencia global tanto en el marco financiero como en el político. Un artículo hecho público este viernes exige que la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) aparque su lenguaje diplomático –“la saturada gramática del comunicado, que refleja tensiones subyacentes entre sus miembros, deja al lector frente a la adivinanza de a quién apoya realmente”- y exija a Maduro sin tapujos que detenga la represión ejercida contra la oposición venezolana que lleva varias semanas protestando contra el gobierno que dirige. Las protestas ya han dejado, por cierto, más de dos decenas de muertos; la mayoría opositores.
The Economist responde de este modo a la intención de los países miembros de Unasur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y la propia Venezuela) de enviar una comisión a Caracas con la intención de “observar, apoyar y aconsejar”. Desde el semanario británico se preguntan, claro, a quién observará, apoyará y aconsejará esta delegación.
“Maduro parece haber entendido esta declaración como una luz verde a una mayor represión”, explica el medio tras conocer las tres últimas muertes sucedidas en este contexto de protesta ciudadana.
“Ha convocado una reunión de su gabinete de seguridad y ha anunciado medidas drásticas para tratar de terminar rápidamente con la construcción de barricadas y los lanzamientos de piedras que han interrumpido la vida cotidiana en todas las grandes ciudades del país durante las últimas semanas. Ha ordenado a comandos de la guardia nacional el asalto de residencias en la ciudad de Valencia [donde han tenido lugar los choques más violentos de los últimos días entre manifestantes y policías] y ha dicho que las fuerzas de seguridad van a movilizarse para arrestar supuestos fascistas y a sus supuestos proveedores y financiadores. Los alcaldes de la oposición que no detengan las protestas también han sido amenazados con represiones legales”, explica The Economist tras poner en antecedentes al lector al hablar de detenciones indiscriminadas durante las últimas semanas e indicios de tortura a los manifestantes por parte de las fuerzas policiales.
Y termina con una advertencia: “Salvo que la comisión de Unasur pueda persuadir al gobierno de Maduro para que modere su posición, su misión será condenable desde el exterior”. Porque, opina, “hasta el momento lo único que ha conseguido es animar al presidente a actuar con mayor severidad con tal de terminar con las protestas”.
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