El último giro estratégico desarrollado por el equipo de Barack Obama en sus intentos de sacar adelante su proyecto de reforma sanitaria podría haber dado en el clavo. Al menos, le ha servido para ganar un grupo de aliados inesperados entre los que destaca, Arnold Schwarzenegger, gobernador de California y uno de los pocos republicanos que aún conservan cifras aceptables de popularidad para sustentar su capital político.
La idea que podría dinamitar buena parte de la resistencia de los políticos centristas de ambos partidos que no se han sumado a la propuesta presidencial se basa en que sean los estados, y no el Gobierno Federal, quienes gestiones algunos de los principales planes de salud pública con los que Obama pretende aumentar la cobertura sanitaria de la población y crear competencia en un sector dominado por un grupo, muy integrado y peleón de grandes aseguradoras, para conseguir que se decidan a bajar los precios.
La implicación de Schwarzenneger con el proyecto ha llegado mucho más lejos de lo que los asesores de Obama hubieran soñado en algún momento. De hecho, sus declaraciones públicas están animando la votación en el Senado de la Proposición de Ley bipartidista en la que debe quedar reflejado el plan de reforma tras las negociaciones a la que ha sido sometido.
El político californiano ha asegurado que el texto negociado en el Senado es una fórmula eficaz para que se consigan algunos de los principales objetivos marcados por sus posiciones políticas sobre la sanidad como “terminar con el imparable crecimiento de los costes, apoyar la recuperación económica y el bienestar de la población.
Schwarzenegger ha resultado contagioso y otros políticos republicanos como el ex jefe de la mayoría en el Senado, Bill Frist, o el ex secretario de Salud y Servicios Sociales Tommy Thompson, se han sumado a la causa. También lo han hecho algunos independientes como el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg.
Un informe de la FCSU asegura que 45 millones de personas, el 15,2% de la población, carece médico, a pesar de que el gasto de administraciones, compañías y familias suma 1,8 billones de dólares, un 15,3% del PIB. Un gasto superior, según la OCDE, al 9,7% que gastan las naciones europeas.
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