Varias grandes compañías de Internet, entre ellas Google, Facebook, Twitter o eBay se han manifestado en contra del anteproyecto de la ley Stop Online Piracy Act (SOPA), presentado por el gobierno ante el Senado de EEUU ayer. Un espectador poco informado sobre esta ley podría pensar, erróneamente, que están luchando por preservar la libertad en la Red, pero sus motivos están lejos de ser desinteresados.
Esta ley obligaría a los proveedores de Internet y a los buscadores a monitorizar los contenidos en sus “dominios” para evitar que vulneren el copyright, puesto que de ser considerados ilegales, el estado podría bloquear el acceso a la totalidad de una web.
No es de extrañar que estas condiciones no sean del agrado de las grandes compañías. Esto implica que si un usuario de, pongamos una red social, añadiera contenido ilícito protegido por derechos de autor, el responsable de la página debería eliminarlo de inmediato.
¿Y si, por cualquier motivo, el contenido escapase a los controles del responsable del sitio? Los organismos estatales podrían clausurar la página, impidiendo el acceso de usuarios a éste, y por tanto el tráfico de visitas y, con él, los ingresos publicitarios que de él derivan.
Por si no fuera suficiente, la ley también prevé la posibilidad de bloquear los ingresos publicitarios directos a las páginas infractoras, algo que podría poner en jaque el modelo de negocio de estas compañías.
El 100% de la facturación de Facebook y Twitter proviene de la publicidad. En el caso de Google, la facturación del tercer trimestre de 2011 alcanzó los 9.720 millones de dólares, de los que el 96% correspondió a ingresos por anuncios.
Esto explica por qué las redes sociales se han sumado con tanta celeridad a esta iniciativa para impedir la aprobación del anteproyecto de ley en el Senado, y que hayan accedido a colaborar en la proposición de otros mecanismos para evitar la piratería online, pues están de acuerdo con el contenido pero no con las formas.
Pero hay un análisis secundario al respecto. Se trata de un movimiento inteligente: las empresas agrupadas que se oponen a esta ley persiguen sus propios intereses, pero lo hacen de tal manera que ofrecen una imagen de compromiso con los internautas. Defienden lo mismo, pero por motivos totalmente opuestos. Y aún tendremos que darles las gracias.
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