Islandia se libra de indemnizar a Reino Unido y Holanda por la quiebra del banco Icesave

Los tribunales han dado la razón a Islandia tras casi dos años de litigio. El país nórdico ha ganado la batalla judicial que desde abril de 2011 mantenía con Reino Unido y Holanda para evitar correr con las indemnizaciones a ahorradores de estos dos estados por la quiebra en 2008 del banco Icesave.

Con el dictamen de la Asociación Europea de Libre Comercio, el Estado islandés se libra de hacer frente a los 3.474 millones de euros que Reino Unido y Holanda adelantaron a los ahorradores de su nacionalidad en la desaparecida entidad y que desde entonces le reclamaban. Ambos países contaban además con el respaldo de la Comisión Europea, que fue quien llevó a Islandia ante el tribunal que ahora le ha dado la razón.

Según Bruselas, Islandia debía hacerse responsable de estas pérdidas porque la directiva europea sobre garantías de depósitos obliga a garantizar un mínimo de 20.000 euros a los depositantes en un banco en quiebra. Sin embargo, el país nórdico adujo en su defensa que, aunque la norma obliga a la creación de un fondo de garantía de depósito, no impone garantizarlo con dinero público. Una tesis que hoy se ha ganado el respaldo de la justicia comunitaria, que además no ve discriminación en que se haya hecho frente a los depósitos de clientes domésticos, pero no a los de extranjeros.

El Icesave, era una filial del primer banco privado del país, el Landsbanki, cuya quiebra desembocó en la nacionalización de todo el sistema bancario del país. Sin embargo, el Gobierno no pudo garantizar entonces los depósitos de la entidad, en su mayoría de ciudadanos británicos y holandeses. Después, en sendos referendos celebrados en 2010 y 2011, los ciudadanos islandeses rechazaron indemnizar a los clientes del banco por entender que no existía obligación legal para que el Estado asumiera las pérdidas de un banco privado.

El presidente de Islandia, Ólafur Ragnar Grímsson, llegó a defender que su país no tenía otra opción y declaró que en términos comparables sería como “pedir a los contribuyentes británicos que fueran responsables de una factura de 800.000 millones de libras de un banco británico caído en España, Italia o Grecia”.

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